Demandan al DOE para salvar escuela
Grupo de padres y activistas se ha mantenido al pie del cañón defendiendo la existencia de la escuela pública 132 Juan Pablo Duarte, que se ubica en el Alto Manhattan. Ahora la pelea con el Departamento de Educación será en la corte civil. Crédito: archivo EDLP
Nueva York Los padres de la escuela 132 “Juan Pablo Duarte”, de Washington Heights, decidieron esta vez “golpear” primero, luego de sufrir los “embates” del Departamento de Educación (DOE).
Una demanda civil, respaldada el concejal Robert Jackson y cuatro representantes de alumnos del recinto, fue introducida esta semana para pelear la decisión del DOE de instalar una primaria al sobrepoblado edificio de la avenida Wadsworth, donde 97% de sus 676 estudiantes son hispanos y en su mayoría de origen dominicano.
“Fueron violados nuestros derechos, porque nunca dieron información en español ni consideraron nuestra opinión para decidir la coubicación”, denunció ayer Janet Durán, una de las firmantes de la demanda durante una protesta a las puertas de la escuela.
La demanda, que exige la anulación de la orden de colocación, se sustenta en que la acción de la Junta de Educación (BOE) generará “un daño irreparable”. El texto menciona las ventajas dadas a la nueva escuela, como la capacidad de “seleccionar los mejores estudiantes” y el otorgamiento de “más dinero” que el recibido por la Juan Pablo Duarte, la cual ha sido “ha sido privada de fondos y recursos para gradualmente minar su capacidad” de seguir operativa.
Con más de 110 años de historia, desde 2009 la Juan Pablo Duarte ha sufrido recortes por más de $1.5 millones que la sumieron en una espiral de bajo rendimiento, según argumentan miembros de la escuela.
Su baja calificación hizo que el DOE decidiera su cierre en 2013, pero en enero se les dio un año más de plazo.
Se esperaba que el 6 de marzo se discutiera el plan de ubicación compartida de los institutos en una asamblea pública, en la que en cambio según Durán, quien preside la asociación de padres- se les notificó que la decisión sería efectiva a partir del 20 de marzo.
Luis Tejada, director del Centro Hermanas Mirabal, una organización que apoya a esta comunidad educativa, destacó que acciones como éstas son un ejemplo de cómo “el DOE discrimina” a los latinos, “lo que no hacen con otras comunidades de clase media”.
Mientras tanto, más de padres siguen sumándose a la acción, aseguró Durán.
Al respecto, un vocero del DOE dijo que no podía dar ninguna opinión sobre una litigación en proceso.
