Hijastra de Ortega se declara ‘perseguida’

Zoilamérica Ortega Murillo, hijastra del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, durante un acto en Managua.

Zoilamérica Ortega Murillo, hijastra del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, durante un acto en Managua. Crédito: efe

Managua/EFE — Zoilamérica Ortega Murillo, hijastra del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, se declaró “perseguida” por el Estado nicaragüense y acusó al Gobierno de bloquear acuerdos de cooperación a la organización que coordina, informó ayer el periódico La Prensa, de Managua.

“Yo tengo las evidencias de estar siendo perseguida por el Estado de Nicaragua y por los altos funcionarios de ese Estado”, denunció Ortega Murillo, hija de la primera dama, Rosario Murillo y quien acusó a su padrastro, en 1998, por agresiones físicas y psicológicas, incluyendo abusos y violación sexual.

Ese caso fue archivado en 2001 por la justicia nicaragüense aduciendo que había prescrito.

“Tengo todas las evidencias y por eso me he reservado el derecho de volver a plantear en un escenario judicial que aquí ha habido persecución a una defensora de derechos humanos, pero además que se me está nuevamente persiguiendo por haber hecho uso de la justicia en el pasado”, señaló.

Ortega Murillo, que intentó sin éxito cambiarse el apellido por el de su padre biológico, Narváez, decidió en septiembre de 2008 retirar una demanda internacional contra el Estado nicaragüense por negación de justicia relacionada con su acusación por abusos sexuales contra su padrastro.

La hijastra de Ortega señaló al vicecanciller de Nicaragua para la cooperación, Valdrack Jaentschke, como quien “ha ejecutado toda esta política de persecución hacia mí”.

Explicó que “en los últimos años” ha intentado reconstruir el Centro de Estudios Internacionales (CEI), una organización no gubernamental (ONG) que coordina, y que desde que empezó a recibir solicitudes para trabajar en países de Centroamérica se ha intensificado “una serie de acciones” en su contra.

Sostuvo que “siempre” ha sabido “que se controlan” sus actividades, “una desconfianza hacia mi acción pública” y desde que fue elegida presidenta de la plataforma centroamericana de prevención de violencia, en octubre pasado, empezó a recibir llamadas de funcionarios de gobierno planteándole que “no tenía autorización para trabajar”.

Asimismo, aclaró que mantiene la acusación contra Ortega por acoso y abuso sexual.

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