Inmigrantes estafados en NYC recibirán millones
Edward Juárez dirigía dos organizaciones que prometían regularizar a indocumentados
La International Immigrants Foundation (IIF) —conocida como la Fundación Internacional del Inmigrante— y la International Professional Association (IPA) defraudaron a inmigrantes prometiendo conseguirles la ciudadanía y la residencia, mientras operaban en la ciudad desde hace más de 20 años.
Para ello les cobraron tarifas excesivamente elevadas de manera ilegal, violando su condición de organizaciones sin ánimo de lucro, reveló la fiscalía.
Ambas organizaciones estaban presididas por la misma persona, Edward Juárez, cuando tuvieron lugar las estafas. En virtud del acuerdo judicial al que se llegó, a Juárez se le prohíbe volver a participar en servicios legales de inmigración así como actuar de fiduciario en organizaciones sin ánimo de lucro.
Además de cerrar ambas organizaciones (IPA cerrará inmediatamente y la IIF lo hará en dos años, tiempo en el que no podrá proveer servicios de inmigración), el resto de sus bienes —que se calculan entre dos y tres millones de dólares— deberán ser utilizados para indemnizar a las víctimas que fueron estafadas.
“Organizaciones como IIF e IPA se aprovechan de personas vulnerables que buscan una vida mejor en este país, quitándoles su dinero y a veces destruyendo sus opciones de quedarse legalmente”, dijo Schneiderman. “Cerrándolas, hacemos justicia con muchas de las comunidades inmigrantes del estado de Nueva York”.
La oficina de la fiscalía hará público próximamente cómo será el proceso de reclamación de las indemnizaciones, incluyendo los documentos que habrá que presentar para solicitarlas.
De acuerdo a la información sobre el caso, IIF e IPA causaron graves y, en ocasiones, irreversibles perjuicios a familias inmigrantes, además de estafarlas.
El proceso de legalización de varios de sus clientes fue puesto en grave riesgo y algunos incluso corrieron peligro de ser deportados por no recibir el consejo legal adecuado.
En uno de los casos, una víctima que no ha querido identificarse y que, según la acusación, cumplía los requisitos para ser elegible para una tarjeta de residencia, perdió su oportunidad por la negligencia y retrasos de estas organizaciones, a pesar de haber pagado más de $18,000.
IIF e IPA realizaban grandes campañas de publicidad a través de anuncios, artículos y conferencias en periódicos, radio y televisión, lo que les permitió captar miles de clientes en la década pasada.
Antes de empezar a ser investigado por el entonces fiscal general, Andrew Cuomo, en 2010, Juárez se había granjeado una gran reputación nacional como experto en asuntos migratorios en sus más de 20 años de trayectoria. Por sus méritos anteriores, le fueron concedidas las llaves de ciudades en Florida y Nueva Jersey.
Uno de los medios en los que colaboró como columnista fue El Diario/La Prensa, pero este periódico suspendió su columna en cuanto se supo que Juárez estaba siendo investigado.
Si quiere utilizar una organización como intermediaria para regularizar su situación, especialmente después de que se apruebe la reforma migratoria, el estado de Nueva York le aconseja que antes se asegure de que está reconocida por la BIA.
Para ello, puede contactar:
>New York Bar Association ? 1 800 342 3661 o www.nysba.org.
American Immigration Lawyers Association ? 202 507 7600 o www.aila.org.
Denuncie su caso
Si ha sido víctima de un fraude de inmigración, puede denunciarlo contactando en inglés o español con la línea directa para fraudes de inmigración de la fiscalía de Nueva York en el número 212 416 6149, o por email en civil.rights@ag.ny.gov
Organizaciones sin ánimo de lucro que ayudan a inmigrantes en Nueva York han sido las primeras en celebrar el acuerdo judicial.
“Esto es una prueba de que el gobierno está tomando una posición mucho más agresiva que en el pasado a la hora de perseguir a este tipo de organizaciones sin escrúpulos”, dijo Ángela Fernández, directora de la Northern Manhattan Coalition for Immigrant Rights. “Ahora tiene claro que juega un rol importantísimo para aconsejar y proteger a los inmigrantes”.
Destacan asimismo que esta decisión judicial en la antesala de la reforma migratoria, presenta una gran ocasión para tomar medidas para evitar este tipo de fraudes.
“Tenemos que usar este momento para educar a la comunidad sobre lo que es el fraude y las desastrosas consecuencias que puede tener para las víctimas”, expresó Valeria Treves, directora de New Immigrant Community Empowerment (NICE). “Es una tarea que nos corresponde tanto a las organizaciones comunitarias como a los estamentos oficiales”.
