Corte de EEUU ratifica control de armas en estados fronterizos
Un tribunal ratificó la decisión del gobierno de EEUU que obliga a comerciantes a informar sobre ventas de rifles de alto calibre en los estados fronterizos del suroeste del país
Este hombre practica con una 'minigun' que dispara ráfagas de cincuenta balas por segundo, en Big Sandy Machine Gun Shoot, a las afueras de Wikieup, Arizona (Estados Unidos). Crédito: EFE
WASHINGTON, D.C.— El panel de un tribunal de apelaciones ratificó ayer viernes un requisito de la Administración Obama que obliga a los comerciantes de los estados fronterizos del suroeste a informar cuando los clientes compren varios rifles de alta potencia.
El grupo comercial de la industria de armas de fuego, la fundación National Shooting Sports Foundation y dos vendedores de armas de Arizona argumentaron que la Administración excedió su autoridad legal en la regulación de 2011, que se aplica para los vendedores de armas en California, Arizona, Nuevo México y Texas.
El requisito, emitido en lo que se conoce como una carta de reclamación, obliga a esos vendedores a informar a la Oficina Federal de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, en inglés) cuando alguien compre ?dentro de un período de cinco días? dos o más armas semiautomáticas capaces de aceptar un cargador desmontable y con un calibre mayor a .22. ATF señala que el requisito es necesario para ayudar a detener el flujo de armas a los cárteles de drogas mexicanos.
La jueza Karen LeCraft Henderson, mediante un escrito para el panel de tres jueces del Tribunal de Apelaciones de EE UU para el Circuito del Distrito de Columbia, dijo que la agencia se encontraba dentro de su autoridad legal cuando emitió la carta de reclamación. Indicó que la Ley para el control de las armas de fuego de 1968 “autoriza de modo inequívoco la carta de reclamación”.
A Henderson, que fue designada por el presidente republicano George H.W. Bush, se le unieron los jueces Judith W. Rogers, designada por el presidente demócrata Bill Clinton, y Harry T. Edwards, designado por el presidente demócrata Jimmy Carter.
El Congreso anualmente aprueba leyes que prohíben que ATF establezca un registro nacional de armas de fuego, pero Henderson rechazó argumentos de los contendientes que indicaban que el requisito creaba uno de manera ilegal.
Debido a que ATF envió la carta de reclamación a solo el 7% de los comerciantes de armas con licencia federal y solicitó información únicamente de una pequeña cantidad de transacciones, “la carta de reclamación de julio de 2011 ni se aproxima a crear un ‘registro de armas de fuego nacional'”, escribió.
The National Shooting Sports Foundation había argumentado que aún si ATF tenía la autoridad legal para emitir el requisito, su decisión de imponerla en todos los vendedores minoristas de los estados fronterizos era arbitraria y caprichosa. En su escrito de apelación, el grupo escribió: “No hay conexión racional entre el problema que ATFintentó abordar —el tráfico de armas ilegales desde Estados Unidos hacia México— y simplemente llevar adelante un negocio legal de venta de armas de fuego en instalaciones ubicadas en uno de los estados fronterizos”.
Pero el panel también desestimó esta recusación. Henderson escribió que una agencia tiene un “amplio poder discrecional” en las decisiones donde debe establecer límites, y que el problema que ATF buscaba abordar se da con mayor gravedad en Arizona, California, Nuevo México y Texas.
