Senadora de California acalora el debate migratorio

WASHINGTON, D.C.- La senadora californiana Bárbara Boxer (D-CA) propondrá seis enmiendas al proyecto de ley sobre reforma migratoria. La legisladora espera ampliar las alternativas que tendrán los indocumentados para legalizarse.

Con más de 99 enmiendas en fila, hasta ahora, no existe certeza respecto a qué propuestas sean votadas en el pleno del Senado. A pesar de eso, Boxer insiste en que es un error mover el plan migratorio hacia el ala conservadora y asegura que existen ciertas áreas en que pueden haber cambios, que beneficien a la mayoría.

Cuatro de sus seis enmiendas son altamente controversiales. La primera permite que las personas que se legalicen a través del Estatus Provisional Registrado (RPI), puedan ajustar su estatus por otra vía, si se les presenta la oportunidad. Por ejemplo, si se casan con un ciudadano. Actualmente el plan especifica que los individuos que apliquen a RPI tendrán que seguir este camino hasta el final, para lograr su ciudadanía.

Las segunda enmienda crearía un Fondo de Salud para Ciudadanos en Transición, que daría financiamiento a proveedores de cuidado médico que atiendan a personas con RPI. “Estoy dispuesta a dar esta batalla. En Los Ángeles tenemos 2.8 millones de indocumentados, el 25% de la población. Si una persona tiene este estatus y le da un infarto lo deben atender, tienen la obligación. ¿Quién le devuelve ese dinero a los condados?”, dijo.

Boxer espera sacar $250 millones o más, destinados actualmente a seguridad fronteriza y redirigirlos para financiar este nuevo fondo.

La legisladora tiene otras dos propuestas que causarán polémica. Una permitiría contar los 10 años en estatus de RPI, como parte de la espera de cinco años para acceder a programas sociales como por ejemplo, Medicaid y asistencia alimenticia. La otra, le daría un pase inmediato a estos beneficios, a las personas con visa U, víctimas de violencia doméstica.

Entre las otras enmiendas de Boxer, figura que los oficiales de la Guardia Nacional y Costera reciban entrenamiento, sobre la implementación de la reforma migratoria. Además quiere mejorar las condiciones vigente en los centros de detención utilizados por la patrulla fronteriza.

Organizaciones como CHIRLA, esperaban que Boxer ayudara a cambiar el tiempo que las personas tendrán para aplicar al estatus de RPI. El periodo permitido será de sólo un año y organizaciones de derechos civiles temen que la gente no logre conseguir todos los documentos necesarios o el dinero para obtenerlo.

Consultada al respecto Boxer aconsejó a las personas ser “optimistas” y comenzar ahora a reunir los documentos necesarios, como certificados de nacimiento, empleo, educación, etc. Además, insistió en que si la ley es promulgada transcurrirán varios meses antes de que los interesados puedan postular y ese será un tiempo “extra”, que tendrán para prepararse.