Corrijamos la ley que el Tribunal Supremo descompuso
Al enterarnos que el Tribunal Supremo derogó una parte importante de la ley de derechos electorales esta semana, conocida en inglés como el “Voting Rights Act” (VRA), los líderes nacionales de las minorías hablaron en unísono expresando que esta decisión afectaría negativamente nuestra democracia.
La aprobación del VRA en el 1965 fue uno de los logros más importantes del movimiento de derechos civiles. Esta ley enumeraba las maneras en que el gobierno federal podía actuar para asegurar que las minorías pudieran ejercer su derecho al voto sin discriminación alguna.
Originalmente creada para proteger los derechos de los afroamericanos, la ley fue expandida para proteger a los Latinos y otras minorías . Esta expansión eliminó los exámenes lingüísticos en Nueva York y otros lugares que le hacía imposible a los latinos votar.
La sección 4 de la ley creó una fórmula para determinar que estados y jurisdicciones tenían un historial de discriminación racial en las elecciones. Si una jurisdicción cumplía con estos criterios, esta tendría que buscar aprobación del Departamento de Justicia para cambiar sus leyes o procedimientos electorales.
Pero el Tribunal Supremo derogó la Sección 4 el martes, y a su vez, el mecanismo que impidió la discriminación electoral por generaciones. Esta fue una decisión errónea que eliminó una parte importante de la ley, dejando a las minorías sin protección. Ya hemos visto a varios estados anunciar su intención de implementar leyes bloqueadas previamente por el Departamento de Justicia a través del VRA.
Los jueces que escribieron la opinión tienen que entender las amenazas a los derechos electorales que todavía existen. Debieron considerar como en los últimos años las legislaturas estatales han agrupado a las comunidades electorales en tan pocos distritos como puedan para diluir su poder electoral. Debieron haber visto los esfuerzos para requerir identificación con foto al votar, situación que causa problemas para los pobres y las minorías. Concluyeron, erróneamente, que el racismo y la intimidación electoral no existen en nues tra nación.
Yo sé que estos problemas existen porque tan recientemente como en el 2006, durante el debate para extender el VRA, el Congreso recopiló un record exhaustivo de discriminación existente por parte de oficiales locales y estatales. Al confirmar esta información, la extensión fue aprobada abrumadoramente por ambos partidos.
Muchas personas que piensan como estos jueces dicen: “¿Si nuestro presidente es afro-americano, cómo puede existir la discriminación electoral?”
Debieron considerar a los residentes de comunidades minoritarias quienes hacen fila por horas para votar, mientras que en comunidades no-minoritarias no hay fila. Debieron ver el comportamiento de los estados en la frontera, en donde inicialmente no se les creó una silla en el Congreso a los latinos aunque estos fueran la razón principal del crecimiento poblacional.
Es triste admitir que hoy día existe la discriminación.
El Tribunal Supremo dejó la puerta abierta para que el Congreso cree una fórmula nueva para determinar qué jurisdicciones necesitan supervisión por parte del Departamento de Justicia. Es esencial para nuestra democracia que no dejemos pasar esta oportunidad para asegurar la igualdad de derechos civiles de todos nuestros ciudadanos. El Congreso debe empezar a trabajar inmediatamente para arreglar la ley de derechos electorales que el Tribunal Supremo derogó innecesariamente.
Congresista José Serrano
representa el distrito 15 de El Bronx
