¿Un plebiscito presidencial para Puerto Rico?

El presupuesto del gobierno de los Estados Unidos para el año fiscal 2014 del Presidente Obama, contiene una asignación de fondos para financiar un plebiscito sobre el status de Puerto Rico. La solicitud presupuestaria constituye un rechazo a la inacción del Congreso y al plebiscito sobre el status político de Puerto Rico celebrado el pasado noviembre del 2012.

La solicitud de fondos del presidente Obama, para un plebiscito en Puerto Rico, fue presentada como parte de la Oficina de Programas de Justicia del Departamento de Justicia y lee como sigue:

Proveer a la Comisión Estatal de Elecciones $2,500,000 para ofrecer a los votantes educación objetiva, no partidista y para la celebración de un plebiscito y opciones para resolver el status político en el futuro. Estos fondos provistos para el plebiscito bajo el proviso previo no deben ser obligados hasta 45 días después que, el Secretario de Justicia notifique a los Comités de Asignación de Fondos, que él aprobó un plan de gastos a la Comisión, para la educación de los votantes y para la administración del plebiscito, incluyendo la aprobación de la papeleta de votación. La notificación debe incluir el hallazgo que los materiales educativo de los votantes, la papeleta de votación, y los materiales relacionados, no son incompatibles con la Constitución y las leyes y políticas de los Estados Unidos (Apéndice, DOJ 2014:735).

La Constitución enumera los poderes del Congreso para administrar sus territorios y admitir nuevos estados. Implícito en estos poderes está la autoridad para llevar a cabo plebiscitos permitiendo a los residentes de los territorios participar en el proceso de determinar el status futuro. Desde el 1898, el Congreso ha debatido más de 110 proyectos de ley para Puerto Rico, pero solo ha legislado autorizando un plebiscito en el siglo pasado, llamado plebiscito del 1967.

Mas importante aun, en años recientes la Cámara de Representantes ha aprobado varias leyes autorizando plebiscitos para Puerto Rico, incluyendo el llamado el proyecto Young del 1998 y las versiones del Democracy Act, pero ninguno obtuvo suficiente agarre en el Senado. Basta decir que el Congreso ha sido negligente en resolver el status de Puerto Rico y no a estipulado una oportunidad viable para resolver este problema desde más de un siglo. De la misma manera, resulta dudoso que el presente Congreso asuma el reto de resolver el status constitucional de la isla.

Después del fracaso del Democratic Act del 2010 para ganar apoyo en el Senado de los Estados Unidos, los proestadistas que controlaban la Legislatura Puertorriqueña promulgaron una ley para llevar a cabo un plebiscito de status en dos partes. En noviembre del 2012, a los electores puertorriqueños se les dio la oportunidad de cambiar el status territorial prevaleciente (Pregunta #1) y una serie de opciones de status que excluyó la actual opción de Estado Libre Asociado (Pregunta #2). La mayoría de los electores votaron a favor de cambiar el status político de la isla, y la mayoría de los votantes escogieron la estadidad.

Sin embargo, dependiendo de cómo los resultados son calculados, el porciento de votantes varía considerablemente. De acuerdo a los que promueven la estadidad, 61% de los votantes puertorriqueños escogieron la estadidad. No obstante, de acuerdo a las leyes puertorriqueñas, la opción de la estadidad solamente acumuló 45% de los votos electorales. La propuesta del Presidente Obama indica que él descarta la interpretación proestadidad y seguirá la ley electoral.

Sin embargo, al fin y al cabo, el Congreso es quien tiene el poder de afirmar el presupuesto del Presidente. Veremos si el Congreso apoyará la iniciativa del Presidente con respecto a la conducta de un plebiscito en Puerto Rico.