Editorial: A vigilar a quien nos vigila

Editorial: A vigilar a quien nos vigila
Aún en vecindarios con más población blanca la mayoría de personas detenidas por el NYPD son afroamericanos y latinos.
Foto: Archivo / Shutterstock

La jueza de distrito federal Shira Scheindlin envió un mensaje claro, firme y necesario para supervisar las políticas de “Stop & Frisk” del NYPD cuando declaró que estas prácticas violaban los derechos de las minorías porque estaba aplicando una política indirecta de perfil racial. También designó un supervisor independiente para cambiar de inmediato esta situación supervisar las reformas que se implementarían a las tácticas.

Las estadísticas muestran una visión completamente diferente a la de la administración de Bloomberg. No existe ningún tipo de estudio que pruebe la efectividad del “Stop & Frisk”. En Nueva York, el crimen bajó 29%, entre 2001 y 2010; en cambio, en Los Ángeles, bajó un 59%; en Baltimore, un 37%, y en Nueva Orleans, un 56% sin las tácticas que práctica el NYPD.

En su decisión, Scheindlin escribió: “Llegué a la conclusión de que los más altos funcionarios de la ciudad se han hecho de la vista larga ante la evidencia de que los oficiales están realizando paradas en forma racialmente discriminatoria”.

En efecto. En cuanto a asesinatos, las tasas bajaron antes de que Bloomberg tomara la alcaldía y que el “Stop & Frisk” cogiera un auge en la Uniformada. Durante la última década, se estima que 5 millones de personas han sido detenidas por la Policía. La gran mayoría han sido afroamericanos e hispanos, y aproximadamente, nueve de cada 10 no fueron arrestados o multados. Sólo en un 0.2% de los detenidos se le encontraron armas de fuego y el uso de la práctica aumentó un 600%.

Aún en vecindarios con mayor población blanca, como el West Village, la gran mayoría de personas desproporcionadamente paradas por el NYPD son afroamericanos y latinos. Entre el 2002 y el 2011, latinos y negros constituían alrededor de 90% de los detenidos en la ciudad.

La decisión fue un golpe duro a la administración del alcalde Michael Bloomberg y su comisionado Ray Kelly. El mandatario de la ciudad ya declaró que tomará acción inmediata para apelar el fallo judicial y de no poder ser apelada, utilizará todas las vías para impedir que se establezca la implementación de las reformas.

Esta posición es contraria a la opinión pública, el Concejo de Nueva York, y ahora, a una importante decisión judicial. También demuestra la obstinación del alcalde cuando se trata de lo que él piensa que es mejor—ante la inmensa indignación en contra de “Stop & Frisk”.

Por mucho tiempo, la idea de que proteger la seguridad pública y sostener los derechos civiles son mutuamente excluyentes se ha utilizado para detener a las reformas en el NYPD. La jueza Scheindlin marcó el comienzo para controlar una práctica policial que está fuera de control. Bloomberg y Kelly deben respetar esa decisión, no luchar contra ella.