Enseñan a jueces cómo tratar a inmigrantes
Inmigrantes centroamericanos descansan en una estación migratoria de Tuxla Gutiérrez, en el estado de Chiapas, México. Crédito: <copyrite>archivo</copyrite><person>efe< / person>
MÉXICO, D.F. — Los jueces mexicanos que no cumplan con los tratados internacionales y la legislación local para impartir justicia en casos que afectan a personas migrantes y sujetas de protección internacional violan la ley y serán sometidos a ella.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) detectó que la mayoría de los impartidores de justicia en México carecen del conocimiento sobre las normativas internacionales o nacionales que protegen a indocumentados o fingen no saberlo.
Y para evitar violaciones a los derechos humanos promueve en un documento 34 leyes mexicanas y 22 convenciones, declaraciones y protocolos internacionales que desde ahora conforman un Protocolo de Actuación inédito en el mundo.
“Es un ejemplo a replicar”, dijo Fernando Protti Alvarado, representante regional de ACNUR durante la presentación de la compilación que impulsó la organización civil Sin Fronteras IAP.
El objetivo central es erradicar la xenofobia que llega a casos extremos de confundir solidaridad con infracción a la ley como ocurrió en el caso de Concepción Moreno, una ama de casa queretana encarcelada por dar alimento a centroamericanos que pedían “un taco” en los alrededores de las vías del tren que los encamina a Estados Unidos.
Con tales antecedentes, la Corte Suprema promueve entonces que el proceso de justicia para el migrante tenga como base 10 reglas generales de actuación.
“Esta no es una herramienta sólo para la corte suprema sino para todos los defensores de migrantes que quieran hacer cumplir la ley”, dijo Mónica Maccise, abogada de la SCJN durante la presentación del documento.
El decálogo de la normativa básica advierte que la justicia para los inmigrantes debe ser pronta y prioritaria porque el tiempo que duran los procedimientos judiciales y administrativos son un factor determinante en la decisión de las personas para abandonar la defensa de sus derechos.
El juez Juan José Olvera, magistrado del Primer Tribunal en Materia Penal, quien avaló el Protocolo, consideró incluso que para los migrantes se deben unificar la figura de “prueba anticipada” por si acaso el afectado no puede permanecer en el juicio de un delito del que fue víctima.
“A veces los jueces no podemos seguir porque el denunciante no está y una declaración exhaustiva y videograbada puede sustituir en gran parte esta ausencia”.
Otra consideración hacia los “sin papeles” es que el lenguaje debe ser claro y concreto, en presencia de un traductor o intérprete cuando no se domine el idoma español y con términos simples y comprensibles.
Además las comparescencias orales deben realizarse en un lugar cómofo y seguro y la persona debe estar acompañada de un representante legal o persona de confianza y, en caso requerido, de un psicólogo.
