Caso Ríos Montt divide a guatemaltecos
Guatemala La insistencia del general golpista guatemalteco José Efraín Ríos Montt, por obtener una amnistía que lo aleje de las cortes para no responder por el genocidio y los crímenes de guerra cometidos durante su mandato, divide a los guatemaltecos y pone en aprietos al débil sistema de Justicia.
El anciano general, de 87 años, confía en que las argucias de sus abogados, el apoyo del poderoso sector empresarial y la rancia derecha, sean suficientes para que, contra los criterios técnicos y jurídicos de especialistas en derecho penal e internacional, los tribunales le favorezcan con una amnistía.
Esta semana, la Corte de Constitucionalidad (CC), el máximo tribunal del país, abrió de nuevo la puerta para que el exjefe de Estado obtenga la única medida legal que lo puede alejar de la Justicia en los últimos años de su vida, al ordenar a una corte inferior que argumente por qué no le concedió en su momento la amnistía solicitada.
En una decisión dividida de cinco a dos, de sus siete magistrados, la CC ordenó a la Sala Primera de Apelaciones fundamentar jurídicamente “por qué no es aplicable la amnistía” que los abogados de Ríos Montt pidieron en base a un decreto aprobado en 1985 por jefe de Estado de facto, Óscar Mejía Víctores.
Esa normativa otorgó amnistía a los militares y guerrilleros que participaron en la guerra interna que padeció el país (1960-1996).
Francisco García Gudiel, uno de los abogados de Ríos Montt, sostiene que la amnistía se encuentra “vigente” a pesar de que la Ley de Reconciliación Nacional, aprobada por el Parlamento en 1996, derogó todas las leyes de amnistía anteriores a esa fecha.
