Washington/EFE El estado de Alabama llegó a un acuerdo con activistas hispanos para que las autoridades congelen los aspectos más polémicos de su ley migratoria, que ya habían sido rechazados por un juez federal.
El estado acordó con organizaciones de derechos civiles bloquear permanentemente las provisiones que permitían comprobar el estatus migratorio de los estudiantes en las escuelas públicas u otra que permitía a las fuerzas del orden detener a una persona en un control de tráfico hasta comprobar su estatus migratorio.
El Southern Poverty Law Center (SPLC), uno de los organismos parte del acuerdo, dijo en un comunicado que la “despiadada ley antiinmigrante que se aprobó en 2011 pese a los avisos de que era inconstitucional ha sido definitivamente destruida”.
Como parte del acuerdo los organismos de derechos civiles se comprometen a no continuar con sus demandas legales contra la ley, conocida como HB56.
El pasado abril, el Tribunal Supremo rechazó un recurso presentado por el Gobierno estatal de Alabama, después de que un tribunal federal de apelaciones revocara una cláusula de la ley HB56 que sancionaba a quienes ocultan, alberguen o transporten a inmigrantes indocumentados.
“Ahora es momento de que los legisladores de nuestro estado revoquen lo que queda de la HB56 y que nuestros representantes en el Congreso apoyen una reforma migratoria con sustancia que repara nuestro sistema roto”, indicó en un comunicado el abogado del SPLC Sam Brooke.
El estado de Alabama también solicitó hoy cerrar con un acuerdo sus disputas con el Departamento de Justicia sobre su ley migratoria tras los reveses del Supremo y el tribunal federal de apelaciones.
Con estos acuerdos Alabama se compromete a no verificar el estatus migratorios de los nuevo estudiantes de primaria, perseguir y criminalizar a los inmigrantes si papeles que busquen trabajo o que se les alquilara una vivienda.
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