Absuelven a expresidente Fernando de la Rúa

Absuelven a expresidente  Fernando de la Rúa
El expresidente Fernando de la Rúa (c) camina fuera de la Corte Federal.
Foto: ap

BUENOS AIRES — El expresidente argentino Fernando de la Rúa fue absuelto ayer en un juicio en el que estaba acusado de ordenar el pago de sobornos a senadores para la sanción de una ley de reforma laboral en el año 2000, caso que marcó el inicio del declive político de su gobierno.

En el mismo proceso judicial fueron absueltos el exministro de Trabajo Alberto Flamarique, el exjefe de la Secretaría de Inteligencia del Estado Fernando de Santibañes y cuatro exsenadores de la entonces oposición peronista: Alberto Tell, Augusto Alasino, Remo Constanzo y Ricardo Branda.

La misma suerte corrió Mario Pontaquarto, el exempleado parlamentario que dijo haber sido el nexo entre el Poder Ejecutivo y los legisladores opositores para el pago de los sobornos por unos $5 millones, según la investigación.

De la Rúa, de 76 años, defendió su inocencia de la acusación de “cohecho activo” durante el proceso que llevó a cabo el tribunal federal número 5, al que consideró un “calvario”. El exmandatario señaló que “hubo un conjuro de intereses políticos” en su contra.

El exmandatario leyó una declaración a periodistas a la salida del tribunal en la que manifestó que “este juicio de casi dos años y 300 testimonios demostró la inexistencia de toda sospecha de corrupción para mi gobierno y puso en claro la verdad. Sirvió para demostrar que todo fue una infamia de principio a fin y que el hecho no existió”.

Pontaquarto dijo a los periodistas que el fallo fue “vergonzoso” y que la “justicia tenía una oportunidad histórica para un caso de corrupción”.

“Quién se va a animar después de una sentencia como esta… hay cosas que no puedo entender, pero esta es la justicia que tenemos. Me queda la sensación de angustia, de tristeza. Pensé que durante el juicio aflorarían las pruebas”, afirmó.

La causa llegó a proceso oral en agosto de 2012 y durante el juicio declararon más de 300 testigos, entre ellos exempleados de la secretaría de inteligencia, senadores y personal de la casa de gobierno.

La fiscal Sabrina Namer había pedido durante el juicio una pena de seis años de prisión para el expresidente y la inhabilitación para ejercer la función pública por el mismo periodo de tiempo. En tanto, la Oficina Anticorrupción pidió seis años y medio de cárcel.