Boricua viene al rescate de corte en El Bronx

Robert E. Torres, nombrado juez administrador de la Corte Suprema de ese condado, tiene la encomienda de agilizar la resolución de los casos pendientes

Torres pertenece al grupo de abogados que nunca se graduó de la facultad de derecho.

Torres pertenece al grupo de abogados que nunca se graduó de la facultad de derecho. Crédito: EDLP / Mariela Lombard

Nueva York — A partir del primero de enero, un juez de ascendencia puertorriqueña, nacido y criado en El Bronx, Robert Torres, será el nuevo Juez Administrador de la corte criminal suprema del condado.

El año pasado, Torres, 64 años, fungió como ayudante del entonces Juez Administrador, Douglas McKeon y participó en la eliminación de los históricos atrasos que han convertido ese foro en el más disfuncional del estado.

“El mayor reto fue abordar el problema sin reorganizar nada, solamente haciendo pequeños cambios”, dijo Torres.

Los ajustes y un equipo liderado por la jueza Patricia DiMango, traída desde la corte de Brooklyn, lograron lo impensable: reducir en un 58% el número de casos pendientes por crímenes graves que tenían más de dos años de antigüedad. En el 2014, con DiMango de vuelta en Brooklyn y bajo su completa responsabilidad como Juez Administrador, Torres aspira “continuar con los progresos usando los recursos que tenemos en su capacidad máxima”.

A la entrada de su despacho, en el lugar donde debería figurar su nombre y el número de cuarto, lo que hay es un cartel que indica “Equipo Torres”, significativo de su forma de entender su misión.

“Es clave trabajar en equipo, esa es la aproximación, obtener la opinión de todo el mundo para estar donde estamos ahora”, señaló Torres.

De los 952 casos de más de dos años, en enero del 2013, se ha pasado a 397, según el último inventario de noviembre, con una reducción en el tiempo de espera del 36% que ha bajado de 371 a 273 días. Este avance no resuelve totalmente los atrasos. Fuera de la jurisdicción del juez están los 2,106 casos pendientes por delitos menores a los que se les aplicará un programa similar al utilizado para los crímenes graves: un equipo dedicado exclusivamente a ellos, reducción de los aplazamientos y tiempo de las mociones.

“Veo a los jueces todos los días…hablo con ellos para que me digan cómo puedo ayudarles”, narró enfatizando en la “buena relación” que tiene con el Departamento de Instituciones Penitenciarias (DOC), con la Oficina del Fiscal de El Bronx, con los abogados defensores de organizaciones como Bronx Defenders, Legal Aid.

“Hablando con cada uno les he dejado bien claro que los casos tienen que ir a juicio y que si no lo hacen quiero saber por qué no”, declaró.

El jurista indicó que están evaluando el proceso “de la cabeza a los pies” y buscando cómo pueden mejorarlo. Desde controlar cuántas personas están citadas diariamente en la corte y cuántas deben ser traídas desde las cárceles por el DOC, reducir en 20 minutos el tiempo desde que los presos llegan al edificio hasta que se les lleva a la sala, aunque está consciente que la forma en que se construyó la estructura es un gran problema.

Otro de las situaciones es cuando se tienen 3 ó 4 acusados que son juzgados a la vez, lo que retrasa el juicio.

Además de que para los casos de homicidios hay un reducido número de abogados y fiscales que los llevan: “Estamos tratando de equilibrar cuáles deben ir primero y cuáles después”.

Nacido y criado en El Bronx, en una familia de cinco hermanos, está casado y es padre de dos hijas.

Se interesó por la ley desde que era adolescente. “Me pareció que era una forma de aportar a la sociedad, tuve suerte y se me presentó la oportunidad”, sostuvo.

Torres pertenece al grupo de abogados que nunca se graduó de la facultad de derecho: el presidente Abraham Lincoln, John Jay, Benjamín Cardozo. Accediendo a la abogacía a través del sistema de prácticas en bufetes de abogados y, posteriormente, pasando, en el primer intento, el examen de ejercicio profesional en la Asociación de Abogados.

Cuando, en 1996, el alcalde Rudy Giuliani lo nombró juez esa fue su mayor fuente de ataques.

En 2013, el de José Coimbre, asesino del boxeador Ronney “Venezuela” Vargas y los pandilleros de los Latin King Goonies que realizaron un ataque homofóbico contra dos hombres. Algunos ya se declararon culpables y otros irán a juicio en el 2014.

También, el próximo año, será el juicio de más de una docena de policías acusados de arreglar las multas de tráfico y el seguimiento de los acuerdos a los que llegó el exasambleísta Nelson Castro, grabando a políticos corruptos, para evitar ir a la cárcel por perjurio.

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