Los federales deben tomar responsabilidad en Puerto Rico

Autogestión. Eso es lo único que pueden hacer los puertorriqueños ahora que, después de mucho esperar, Standard & Poor’s, una de las tres principales agencias de calificación crediticia, degradó la deuda de Puerto Rico al nivel de chatarra. La agencia redujo la calificación de la deuda de la isla desde “BBB- a BB+”. También degradó la apropiación de la deuda y el sistema de jubilación de empleados con garantía de la deuda de Puerto Rico a “BB”, el nivel apenas por encima de chatarra. También se espera que las otras dos agencias principales, Fitch y Moody’s, degraden la deuda de la isla.

Las implicaciones son de mucho impacto para la isla. Con $70 mil millones de deuda total, la deuda per cápita de la isla es de $10,600 por residente. En contraste, en Estados Unidos la deuda por residente es de $1,036. Al problema se junta una economía débil, décadas de mala administración local, la avaricia de las compañías de fondos de cobertura (Hedge Funds), partidos políticos beligerantes, y por supuesto, el no saber qué hacer cada administración de la Casa Blanca con su colonia más antigua.

Se puede comparar el caso con la ciudad de Detroit, declarada en bancarrota y que pidió un rescate federal. Pero su estatus colonial no permite a Puerto Rico declararse en bancarrota y pedir un rescate financiero por el gobierno estadounidense. Y mientras que la Casa Blanca ha dicho que no proporcionará ningún rescate financiero, asegura estar trabajando directamente con el gobierno actual. No son exactamente palabras de alivio ante la desesperación de los puertorriqueños.

No es hora de analizar cómo se llegó ahí. Por mucho tiempo se ignoró el precio de los bonos de Puerto Rico, ni las tasas de interés que se pagarían, ni las comisiones que cobraban los banqueros, ni cómo se iban a utilizar los prestamos, ni mucho menos cómo se iba a repagar.

El cierre del gobierno en 2006 por dos semanas debió de ser la alarma a escuchar sobre los síntomas de una quiebra moral, económica y social del sistema político de Puerto Rico. La explosión de la deuda, de $7 mil millones en los 90 a $20 mil millones en 2000, hasta los $70 mil millones hoy día, son el resultado de ese descuido.

Nadie jugó a favor de la Isla, y ahora quien pagará los platos rotos es el pueblo. Los residentes sufrirán las consecuencias de la austeridad. Por ejemplo, está la posibilidad de que las tarifas contributivas suban, las jornadas de trabajo bajen, y los despidos sean inminentes, todo esto en un país donde el desempleo está en el 15%. Además, los fondos de retiro se verán empobrecidos.

Para sobrevivir a la crisis actual, los puertorriqueños deberán hacer pleno uso de su creatividad e ingenio, y diseñar un estatus político que funcione para la gente. Lo que es claro, sin embargo, es que las restricciones económicas impuestas a Puerto Rico han trabajado en contra de su crecimiento.

Es importante que la administración federal, sea republicana o demócrata, tome responsabilidad por el bienestar y la propiedad de los puertorriqueños. De la misma manera, los puertorriqueños deberán considerar su relación con con los políticos que eligen para ser representados. Durante mucho tiempo los puertorriqueños pensaron en tener “lo mejor de los dos mundos”, cuando en realidad se ha dejado a la isla en un limbo empobrecido.