El arresto del capo: una lectura política

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En medio de una tormenta en Washington DC, el verano pasado un alto funcionario mexicano abrió una carpeta y explicó las políticas del gobierno de Enrique Peña Nieto en la cooperación antinarco con Estados Unidos (1). Era el final de un día tempestuoso en el que periodistas le habían acribillado con llamadas que denunciaban que Peña había decidido cortar los vínculos entre la DEA y las instituciones mexicanas de seguridad.

“Los gobiernos del PRI pueden ser muchas cosas, pero no son pendejos”, dijo el funcionario, entrenado por la DEA y el FBI, como miles de policías y servidores mexicanos en los años recientes. “La cooperación no se va a caer. Si algo no caracteriza a los regímenes prístas es la torpeza”.

Ese día de tormenta dijo tres cosas importantes:

–Continuaría la cooperación pero se cerraría la ventanilla múltiple abierta por el gobierno de Felipe Calderón que permitió a las agencias norteamericanas tomar y dirigir inteligencia con las instituciones mexicanas que ellas eligieran.

–El intercambio de inteligencia no se frenaría, pero se transformaría: El Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) sería el nuevo filtro para regular las operaciones con CIA, DEA y FBI.

–La política del nuevo gobierno frente a los cárteles perdería el carácter reactivo que había tomado durante el gobierno de Felipe Calderón. Ahora sería de prevención. Continuaría la detención de capos, pero ya no con la misma intensidad y bajo operativos espectaculares realizados en territorio México.

Días antes The Washington Post y The New York Times habían publicado textos amplios replicados por medios mexicanos en los que revelaban ajustes en el intercambio de inteligencia que ponían en jaque la cooperación en narcotráfico.

De esas publicaciones se deducía algo inquietante: El retorno del PRI podía significar la renovación de los pactos entre el poder y el narcotráfico.

Las revelaciones de los diarios norteamericanos eran acertadas y no. Era cierto que al llegar Peña y sus hombres habían hecho lo que Vicente Fox y Felipe Calderón nunca supieron hacer: manejar los hilos del poder y hacerlo ante Estados Unidos. Se endurecieron, golpearon la mesa y pintaron una raya anunciando que el nuevo gobierno dictaría cómo se harían las cosas.

Los cambios en la cooperación en narcotráfico que se advertían eran ciertos, pero no eran precisos. Tenían un pecado original: la fuente de información eran las agencias norteamericanas de narcotráfico, marcadamente la DEA, que suele manipular información para proteger sus intereses. A la DEA no le gustó el nuevo trato y acusó traición.

Nueve meses después de todo eso, un sábado cualquiera, desde Washington se anunció que Joaquín Guzmán Loera había caído en un condominio de Mazatlán, en una operación de inteligencia entre la DEA y la Marina mexicana.

¿Qué lectura política tiene la caída de capo más buscado?

La principal es una paradoja: Calderón, que abrió puertas históricas a la intervención de Estados Unidos en la cooperación antinarco, nunca pudo ser amigo de Obama y terminó distanciado de la Casa Blanca.

Peña Nieto, que recibió a Estados Unidos regulando las llaves abiertas por Calderón, ha logrado acercarse al primer presidente negro y va en camino de consolidar una sociedad bilateral (golpes al narco, reforma energética y otras liberales) muy al estilo del Salinismo de los años 80 y 90.

El tiempo le dio la razón: Las reformas están en marcha, El Chapo cayó y la DEA continúa operando en México.

El horno está encendido.