Menor protección constitucional

La existencia de un juez, un tercero independiente, es fundamental para equilibrar el interés de las autoridades y los derechos del individuo a la hora de registrar una casa en busca de evidencia. Esta presencia lamentablemente va a ir reduciéndose gracias a la permisiva decisión tomada esta semana por la Suprema Corte de Justicia.

El fallo, en el cual predominó la mayoría conservadora del Alto Tribunal, fue sobre un caso de la Policía de Los Ángeles, donde el sospechoso prohíbe la entrada de los agentes a su hogar esgrimiendo la Cuarta Enmienda de la Constitución, que autoriza el cateo sin una orden judicial. Los agentes entonces lo detienen. Un rato después regresa (los policías) a la misma casa donde la novia del sospechoso es la que da permiso para el registro de la propiedad que se lleva a cabo, hallándose pruebas contra el sospechoso.

Los jueces dicen que los policías actuaron correctamente, expandiendo el poder policial que hasta ahora solo permitía ingresar en una casa sin orden judicial cuando se determina que hay una emergencia. Los policías, en este caso deliberadamente, decidieron no seguir el camino normal de buscar una orden judicial para revisar la casa de un detenido.

El fallo dice que el permiso de otro residente anula la previa afirmación de protección constitucional de otro residente. Esta conclusión es un aliento para que las autoridades maniobren y esquiven la exigencia de tener a un juez a esa altura de la investigación.

De esta manera se reducen las protecciones del individuo y el significado de veredictos anteriores del Supremo que las reforzaban. Las garantías individuales ante el potencial abuso hoy son más frágiles.

Esta vía alternativa para eludir un magistrado debe preocupar a todos los estadounidenses, especialmente a las minorías las cuales tienen un historial de ser blanco de excesos policiales.

Con la decisión de Fernández v. California, la mayoría conservadora de la Corte Suprema sigue erosionando las protecciones individuales al ampliar la manera en que las autoridades puedan eludir el escrutinio judicial.