Tienen en la mira programa de ICE
Activistas piden reformar o eliminar 'Comunidades Seguras'
Los activistas critican que bajo el gobierno de Barack Obama casi dos millones de personas han sido deportadas de EEUU. Crédito: Suministrada
WASHINGTON. D.C. El programa ‘Comunidades Seguras’, que permite que las cárceles locales y estatales detengan a un indocumentado y los trasladen a la custodia de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) para su deportación, está en la mira de los activistas ahora que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) revisa todas sus políticas migratorias.
Los activistas sotienen que el gobierno de EEUU debe reformar o eliminar este polémico programa” cuando concluya su revisión de las deportaciones “porque el programa ha erosionado la confianza de la comunidad inmigrante”.
El programa “Comunidades Seguras”, instituido en 2008 y ampliado a todo el país en 2013 había deportado a 319,982 personas en 3,181 jurisdicciones.
El DHS no da detalles de la revisión e insiste en que es “impreciso hablar de consideraciones específicas” sobre qué programas serán afectados.
“El programa solo sirve para cumplir con cuotas de deportaciones y no tiene nada que ver con la seguridad pública; ha convertido a la policía local en imitaciones del Sheriff (Joe) Arpaio en Arizona y ha destrozado la confianza de la comunidad en la policía”, dijo Pablo Alvarado, director ejecutivo de la Red Nacional de Jornaleros.
“Cuando la historia examine las causas de la crisis de derechos civiles que estamos viviendo, Comunidades Seguras encabezará la lista, al igual que el presidente responsable de nacionalizarlo”, enfatizó.
Joseph Villela, del grupo angelino CHIRLA, cree que los cambios en el programa “han sido menores o superficiales, y si la Administración Obama habla en serio, lo mejor es que lo elimine”.
Marshall Fitz, analista del Centro para el Progreso Estadounidense (CAP), cree que Comunidades Seguras puede ser reformado, en concreto su política de detenciones, para que regrese a su misión original y sólo se deporte a criminales condenados por delitos graves.
En eso coincide Marc Rosenblum, un subdirector del Instituto de Política Migratoria (MPI), aunque advirtió de que “cambios mayores” a Comunidades Seguras y otras medidas policiales “podrían dificultar aún más el avance de la reforma en la Cámara de Representantes”. California, Illinois, y Nueva York han aprobado medidas estatales para limitar el efecto de este programa.
