Extradiciones, justicia de consolación

Pareciera que los delincuentes guatemaltecos de alto perfil deben pagar en EE.UU. por delitos que afectan a EE.UU., para que al menos paguen por algo—aunque sus supuestas fechorías en otros países permanezcan impunes

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Extradiciones, justicia de consolación
Alfonso Portillo gobernó Guatemala de 2000 a 2004.
Foto: EFE

Guatemala avanza en silla de ruedas para juzgar crimen organizado transnacional. De hecho, su solución parece estar en las cortes estadounidenses cuando los acusados son guatemaltecos. Sólo esta semana dos guatemaltecos hicieron noticia judicial en EE.UU.: Waldemar Lorenzana Lima y Alfonso Portillo.

Lorenzana, de 74 años de edad, fue extraditado por narcotráfico el pasado 17 de marzo a Washington, D.C., desde Guatemala. Luchó contra su extradición desde su captura el 26 de abril de 2011. Que esta captura ocurriera en el país, para que fuera juzgado en Guatemala, era un mito. Era frecuente escuchar (como información extraoficial) que corrían mucho dinero y amenazas para evitar la captura de otros Lorenzanas. Si hubo dos más después (dos hijos del extraditado), fue porque EE.UU. también los pidió en extradición.

El Departamento de Justicia estadounidense les seguía la pista desde hace años. En una acusación de 2009 afirma que los Lorenzana recibían cocaína proveniente de El Salvador, y la trasladaban a México (en ruta hacia EE.UU.). Es decir, el trasiego también ocurría en Guatemala y, si las autoridades estadounidenses lo sabían hace cinco años, las guatemaltecas lo sabían hacía mucho más. El jefe de la estructura de trasiego, el guatemalteco Otto Herrera García, tampoco fue capturado en su país. Cayó en México, Distrito Federal, en 2004, una gloria de corto plazo porque escapó un año después de la cárcel. Pero cayó de nuevo en Colombia, en 2007, y lo extraditaron a EE.UU. en 2008.

Por aparte, hizo noticia este mes en una corte de Nueva York el ex presidente Portillo (2000-2004) al declararse culpable de lavado de dinero. Portillo fue extraditado a Guatemala en 2008 desde México (a donde huyó de cargos de corrupción en su país), y permaneció libre con una fianza de $120 mil—sujeto a un proceso que avanzaba cual tortuga. En enero de 2010, fue recapturado por una solicitud de extradición de EE.UU. por lavado de dinero (una petición hecha a finales de 2009). Un año después, un tribunal guatemalteco absolvió a Portillo y dos ex funcionarios de su administración por los cargos en su contra en Guatemala. Sin embargo, el ex mandatario permaneció preso por la acusación de lavado de dinero de la fiscalía neoyorkina.

En 2013, Portillo se quedó sin recursos legales y fue extraditado para enfrentar la justicia estadounidense, no sin antes prometer probaría su inocencia. Menos de un año después, a sus 63 años de edad, se admite culpable. ¿Su pecadillo? Utilizar bancos estadounidenses para canalizar dinero del Estado de Guatemala a cuentas bancarias personales (a nombre de su primera ex esposa y su hija mayor) en Europa. Estos fondos incluían el financiamiento para bibliotecas públicas que el Gobierno de Taiwán le entregó en forma de cheques personales a Portillo, según el ex funcionario dijo en 2011. Este mes, Portillo admitió que el dinero era un soborno para que Guatemala continuara el reconocimiento de Taiwán como estado independiente.

No es por nada que este año Guatemala fue el cuarto peor calificado en Latinoamérica en materia de Estado de Derecho, y que el nivel de impunidad alcanza un 70 por ciento (aunque en 2009 rondaba el 98 por ciento).

Pareciera que los delincuentes guatemaltecos de alto perfil deben pagar en EE.UU. por delitos que afectan a EE.UU., para que al menos paguen por algo—aunque sus supuestas fechorías en otros países permanezcan impunes. Un ejemplo es la nunca investigada desaparición en 1999 de un activista campesino guatemalteco a quien Lorenzana amenazó de muerte en varias ocasiones, por una disputa de tierras que ambos sostenían, según el Centro de Acción Legal para los Derechos Humanos en Guatemala. También está el asesinato en 1982 de dos hombres a manos de Portillo en Chilpancingo (Guerrero, México), hecho que el ex mandatario atribuyó a “defensa personal”, una versión que testigos desmienten, según la prensa mexicana.

Por aparte, el señalamiento del Departamento del Tesoro de EE.UU. sobre otros dos hijos de Lorenzana (Ubaldino y Marta Julia Lorenzana Cordón) por lavado de dinero y narcotráfico, todavía no se cristaliza aún en investigaciones judiciales en Guatemala. Lo mismo sucede con la guatemalteca Marllory Chacón Rossell, que EE.UU. identifica como una de las principales lavadoras de dinero para el mexicano Cartel de Sinaloa en Centroamérica. Aun así, el Ministerio Público guatemalteco es incapaz de encontrar evidencias contra Chacón.

Si es indiscutible que el descontrol del consumo de drogas en EE.UU. es un detonante para el narcotráfico en el continente, también lo es que el Estado de Guatemala es más parte del problema que de la solución en la lucha contra el crimen organizado transnacional y la violencia que genera—una gran deuda acumulada con su pueblo y sus vecinos.