Avanza caso de deportación de exgeneral salvadoreño

El empeño que el gobierno de Estados Unidos está mostrando en perseguir el caso de deportación contra José Guillermo García, general retirado bajo cuyo liderazgo como exministro de defensa de El Salvador se cometieron varios de los peores y más conocidos asesinatos y masacres, le da esperanzas a Carlos Mauricio de que algún día se hará justicia en su país.

Mauricio, quien ahora es ciudadano estadounidense y activista de derechos humanos, pero a principios de los años ochenta fue encarcelado y torturado por el gobierno de El Salvador, reaccionó con júbilo al darse a conocer los detalles del fallo emitido por un juez de inmigración en Estados Unidos. El fallo ocurrió en febrero pero sólo se publicó el pasado viernes por solicitud legal de un medio de prensa.

García, quien vive en Palm Beach, Florida desde 1989 y recibió asilo político en este país en 1990, está peleando su deportación desde 2009, cuando el Departamento de Seguridad Nacional empezó a perseguir su caso.

El ex general se hizo residente legal de Estados Unidos en 1991.

“Es importantísimo que el sistema de inmigración en Estados Unidos haya dado este fallo contra el general, porque en El Salvador no hemos podido conseguir ni un cachito de justicia contra el y otros”, dijo Mauricio en entrevista telefónica desde El Salvador, donde está de vacaciones. “Yo como víctima hubiera querido que eso pasara aquí y no en Estados Unidos, pero me alegro que esté pasando finalmente”.

El fallo del juez Michael Horn, juez de inmigración en Miami, no sólo determinó que García es deportable de Estados Unidos sino que el juez hizo además una serie de determinaciones legales que ligan al general a varias de las peores masacres que ocurrieron en El Salvador durante la guerra civil en ese país y su participación en muertes y torturas.

Entre esas muertes está la del Arzobispo Oscar Romero, las masacres de El Mozote y el Rio Sumpul, el asesinato de cuatro religiosas estadounidenses y muchos más.

García también era ministro de defensa cuando Carlos Mauricio, quien entonces era profesor de la Universidad de El Salvador cuando fue secuestrado, encarcelado y torturado.

Para la abogada Carolyn Patty Blum, asesora legal del Centro de Justicia y Responsabilidad en San Francisco que demandó en corte civil a García hace unos años y ayudó el caso de deportación proporcionando testigos para el gobierno, el juez Horn fue muy influenciado por el testimonio de varias de estas víctimas en su tribunal.

Añadió Blum que un “violador de derechos humanos como García, nunca debió recibir asilo político en este país”.

“Es una pregunta que debió surgir cuando García pidió asilo, pero no fue así”, dijo Blum, indicando que el general retirado tiene dos oportunidades más de apelación, a la Junta de Apelaciones de Inmigración y al Tribunal de Apelaciones del 11 Circuito. “Sin embargo, creo que la decisión del juez de inmigración será la más importante, sobre todo porque él determinó la credibilidad de los testimonios y argumentos presentados, que probablemente será respetado en cortes superiores”.