Estudian propuestas para mejorar economía
El colectivo "Dios le debe a Hacienda" alzó ayer su voz contra el Gobierno de Puerto Rico por eximir a las iglesias de pagar unos impuestos. Crédito: efe
San Juan/EFEUSA El Gobierno de Puerto Rico estudia las 34 propuestas elaboradas por un grupo de expertos para reactivar la economía local, que incluyen la exención de la leyes de cabotaje y la firma de acuerdos comerciales con otros países.
Las propuestas son la contestación del grupo “Puerto Rico se transforma: Mesa de acción para la competitividad y crecimiento”, nacido de una convocatoria del gobernador Alejandro García Padilla del pasado 7 de marzo después de la degradación de la deuda del Estado Libre Asociado a nivel especulativo (“bonos basura” o “chatarra”).
El Gobierno pidió ideas para dar respuesta a la bajísima población activa de Puerto Rico, la emigración de jóvenes universitarios a EE.UU., la economía subterránea y el envejecimiento de la población, cuatro problemas que padece la isla y que obstaculizan el crecimiento económico.
El empresario y copresidente del grupo de trabajo, Carlos López Lay, señaló que las propuestas son medidas aplicables y que responden al trabajo de un grupo multidisciplinar en el que se ha dado cabida, por vez primera, a la opinión de la ciudadanía.
López Lay, presidente del grupo de automoción Bella Group, reconoció que algunas de las propuestas son más fáciles de aplicar que otras, ya que algunas requerirán la ratificación por parte del poder legislativo, mientras que para otras será suficiente con que se pronuncie el Gobierno.
Entre las propuestas más importantes destaca la de que Puerto Rico pueda pertenecer a organismos internacionales, aumentar la producción, favorecer la creación de empresas y la sustitución de importaciones por productos locales.
A la elaboración de las 34 propuestas ha contribuido un grupo integrado por una veintena de ciudadanos de distintos sectores de la sociedad y tres representantes del Gobierno.
Los expertos consultados piden mayor flexibilidad en los programas federales de asistencia económica, invertir en proveedores locales, crear una red de cooperativas para el reciclaje y requerir a los estudiantes de la universidad pública que brinden dos años de servicio a Puerto Rico.
Además, se propone facilitar la contratación de más personal dedicado a la fiscalización del Impuesto sobre Ventas y Uso (IVU) y la puesta en marcha de una campaña para que los adultos más capacitados continúen en activo después de su jubilación.
Mientras tanto, el colectivo “Dios le debe a Hacienda” alzó ayer su voz contra el Gobierno de Puerto Rico por eximir a las iglesias de pagar unos impuestos que podrían alcanzar los $50 millones y que supondrían una aportación a las maltrechas cuentas de la isla. En el último día para que los puertorriqueños presenten sus “planillas” (declaraciones de impuestos), el portavoz del grupo,
Amado Martínez Lebrón, explicó que en Puerto Rico hay más de 10,000 iglesias inscritas en el Departamento de Estado. “Esas 10,000 iglesias no contribuyen y ni siquiera dejan ver sus libros” de contabilidad, criticó el responsable de una organización que ayer, por cuarto año consecutivo, se manifestó frente a la sede del Departamento de Hacienda.
