Activistas exigen plazo para detener deportaciones

El Movimiento por una Reforma Migratoria Justa anunció hoy que como parte de su nueva fase de activismo social exigirá el martes un alto a las deportaciones y un plazo máximo para aprobar la reforma migratoria.

Considerada la coalición proinmigrante más extensa del país, (FIRM, por sus siglas en inglés) informó que en una conferencia telefónica pedirán al presidente Barack Obama un alto a las expulsiones de personas, en tanto que darán de plazo hasta el 28 de junio a los republicanos del Congreso para que aprueben la medida.

“El resultado final: La crisis de la separación familiar es una carga muy real y aterradora para una generación de padres y niños que viven en el miedo paralizante y continúan siendo trágicamente desgarrado entre sí”, señaló la coalición en un comunicado.

Por un lado, las políticas migratorias del presidente Obama conducen a decenas de deportaciones innecesarias y separaciones familiares, y por el otro, los republicanos parecen dispuestos a tomar el tema de la separación de la familia como una plataforma del partido, de acuerdo al grupo activista.

“Juntos, han fabricado una crisis moral y dolorosa en nuestras comunidades”, dijo FIRM.

En la conferencia con los medios de comunicación participarán activistas de Arizona, Nueva York y Washington, D.C., así como un afectado de manera directa por las deportaciones masivas.

El Movimiento por una Reforma Migratoria Justa ha pedido en varias ocasiones a Obama la suspensión de las deportaciones, así como a los republicanos del Congreso la aprobación la reforma migratoria integral, que incluye una vía hacia la ciudadanía.

Las agrupaciones que luchan por los derechos de los inmigrantes en este país calculan que en marzo la administración de Obama superó el récord de dos millones de expulsados en cinco años de gestión.

El Senado aprobó en junio de 2013 una reforma integral del sistema de inmigración, que incluye el refuerzo de la seguridad de la frontera con México y abre una vía para la adquisición de la ciudadanía para los indocumentados que residen en el país.

Pero la Cámara baja, de mayoría republicana, se ha opuesto a analizar el documento del Senado en su totalidad y prefiere un enfoque por partes.