Bill Clinton cuenta con controversal legado migratorio

Nuevos documentos desclasificados por la biblioteca del ex presidente Bill Clinton reflejan la gran presión política sobre inmigración a la que estuvo sometida la Casa Blanca, sobre todo por parte de California y cómo esta época fue clave para que el gobierno federal aportara dinero para el encarcelamiento de inmigrantes.

Son un conjunto de cerca de 100 páginas que muestran mensajes internos entre diferentes funcionarios de la Administración Clinton en torno al problema de la “inmigración ilegal en el país”, debates internos sobre la implementación de la ley de inmigración y mejoras en el sistema, además de la extensión del Estatus de Protección Temporal.

En las páginas se puede apreciar con claridad, la preocupación que existía en el gobierno por responder a los ataques del entonces gobernador republicano de California, Pete Wilson.

Mientras a nivel local en el estado se hablaba de una “invasión de inmigrantes ilegales” el asesor del Consejo de Política Stephen Warnath, respondió que no creían que “los inmigrantes deban ser los chivos expiatorios para los problemas económicos de California, algunos funcionarios públicos deberían parar la demagogia y trabajar en soluciones significativas”, escribió.

Un conjunto de documentos, fechados en 2000, está dedicado específicamente a la política de detención y muestra cómo la Casa Blanca se vio presionada por congresistas como Lamar Smith de Texas, quien demandó cifras sobre la liberación de indocumentados de las cárceles. Los mensajes entre funcionarios de gobierno describieron a Smith como “impredecible” y comentaron cómo el congresista estaba utilizando políticamente los datos para influir en el debate político.

Clinton, quien ahora será clave en la campaña de su esposa Hillary, utilizó varios argumentos recurrentes para defenderse en el debate migratorio. Uno de ellos fue su propuesta de presupuesto de 1995.

Diversos mensajes destinados a preparar al mandatario para apariciones públicas destacaron que la Casa Blanca había pedido $25,000 millones en su presupuesto de 1995 para programas relacionados con inmigración.

“También pedí dinero para un programa dedicado a asistir a los estados con el costo de poner a los inmigrantes ilegales que cometen crímenes en prisión. Este programa fue autorizado en 1986, pero ningún gobierno ha pedido el financiamiento correspondiente”, detalló el documento, como una de las respuestas que daría Clinton al público. Eso se tradujo en $150 millones para los estados en 1995 y 300 millones en 1996.

“Su Administración es la primera en reembolsar a los estados por una parte del costo que implica encarcelar a inmigrantes ilegales”, decía otro de los mensajes, como uno de los elementos esenciales que se debía destacar.

Funcionarios de gobierno comentaron extensamente la Proposición 187 de California. “Esta iniciativa pone en riesgo cerca de $15,000 millones de fondos federales, porque el estado estaría violando varios requerimientos del Congreso y específicamente en el área de educación la Corte Suprema determinó hace varios años que ningún estado puede negar educación a un niño basado en su estatus legal”.

Uno de los puntos que más se resaltó para defender el trabajo de Clinton en asegurar la frontera fue la “Operación Gatekeeper”, concentrada en contener la inmigración ilegal en áreas fronterizas como San Diego. Mientras el gobierno de Clinton la mostró como un éxito, varios congresistas la calificaron como un fracaso.