Reforma Migratoria: teoría y práctica
El debate por la reforma migratoria permanece estancando en el lodazal de mutuas recriminaciones entre la Casa Blanca y la Cámara Baja de mayoría republicana. La sucesión de eventos y declaraciones públicas de días pasados apunta a que la administración de Barack Obama estaría próxima a anunciar algunos ajustes administrativos a la política pública sobre detenciones y deportaciones.
Se habla, por ejemplo, de un nuevo memorando que, entre otras cosas, limitaría las prioridades de deportación tomando en cuenta los lazos familiares de un detenido o su tiempo de residir en Estados Unidos, así como permitir audiencias de fianza para esos detenidos. Al presente, 70% de los deportados no ha tenido una audiencia ante un juez. No se habla de amparos a grupos de indocumentados.
El presidente Obama se está encargando de minimizar lo que pueda hacer a nivel ejecutivo insistiendo en que le corresponde al Congreso avanzar una solución legislativa permanente.
La administración enfatiza esto como si el movimiento pro reforma no supiera que lo requerido es una ley que componga el sistema migratorio y cuyo componente central sea legalizar a millones sin historial delictivo y con lazos familiares.
Eso lo sabemos, como también sabemos que son los republicanos de la Cámara Baja quienes han bloqueado esa reforma por su guerra interna que, hasta ahora, parecen ir ganando los antiinmigrantes con el aval de un liderazgo empeñado en no colaborar para que Obama no tenga victoria legislativa alguna que demostrar.
Ya establecido que sabemos lo requerido y quiénes están obstruyendo la reforma a nivel legislativo, no se puede pasar por alto el espectáculo que durante los pasados días ha dominado el mensaje de la administración y de quienes lo promueven.
El tira y afloja sobre las cifras de deportados y los tecnicismos empleados para arribar a las mismas ha plasmado el intento de disfrazar lo que la teoría mal aplicada ha provocado sobre el terreno. Si han sido dos o más millones de deportaciones, lo han sido independientemente de cómo se tabulen.
Y si apenas 20% de los deportados tiene historial delictivo grave, eso supone que el restante 80% de los removidos no tiene historial delictivo que suponga una amenaza para la seguridad del país.
El jueves, el portavoz presidencial, Jay Carney, dijo lo siguiente sobre la inacción legislativa: “Hay una isla de oposición entre la bancada republicana de la Cámara Baja… y eso es desafortunado, dado el tipo de coalición que se ha integrado en favor de la reforma Pero el presidente cree que todavía existe la posibilidad de que la Cámara Baja actúe y espera que lo haga”.
Ciertamente hay una coalición en favor de la reforma migratoria que, al igual que la Casa Blanca, espera que la Cámara Baja actúe; pero si no lo hiciera, también espera que el presidente actúe para minimizar el dolor de las familias. La mano de hierro en las deportaciones no ha supuesto apoyo republicano a la reforma en el Congreso.
Y según existe una isla de oposición entre la bancada republicana, parece haber un mar de diferencia entre lo que la administración quiere proyectar y la realidad que viven las familias separadas por una deportación, una realidad que ni el mayor de los spins políticos puede cambiar.
