Presentan queja para que EEUU conceda estadidad a Puerto Rico
Ricardo Rosselló, hijo del exgobernador Pedro Rosselló, pidió que se reconozcan los resultados del plebiscito del 6 de noviembre de 2012
WASHINGTON – Tanto la administración Obama como el Gobierno de Puerto Rico deben aceptar los resultados del plebiscito de noviembre de 2012 en el cual la mayoría de los puertorriqueños apoyó que la isla se convierta en el estado número 51 de Estados Unidos, según exige una queja presentada este martes en Washington.
El líder pro-estadidad de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, presentó la queja ante la Comisión de Derechos Civiles de Estados Unidos contra la administración Obama, el Gobierno de San Juan y la Legislatura en la isla, argumentando que éstos no han reconocido los resultados del plebiscito del 6 de noviembre de 2012.
En esa consulta, que contenía dos preguntas, el 54% de los puertorriqueños apoyó poner fin al estatus territorial actual de la isla, y el 61.16% votó a favor de que Puerto Rico sea el estado número 51 de EEUU.
El 33.34% apoyó el estatus de Estado Libre Asociado, y sólo el 5.55% respaldó la independencia de la isla.
Según la queja de Rosselló, el gobernador de Puerto Rico, Alejandro García Padilla, y legisladores de la isla, han bloqueado los esfuerzos para que se reconozcan esos resultados.
Rosselló, quien se perfila como posible candidato a la gobernación en 2016, sostiene que tanto el Gobierno de Obama como el Congreso están violando los derechos civiles de los puertorriqueños –que son ciudadanos estadounidenses- al no reconocer el plebiscito y en cambio promueven la realización de otro.
El Gobierno de EEUU aún no ha reaccionado a la queja de Rosselló, hijo menor del exgobernador Pedro Rosselló, del Partido Nuevo Progresista.
“La Comisión puede realizar audiencias y llamar la atención sobre este importante asunto de derechos civiles. Lo que (Ricardo) Rosselló está diciendo es que el pueblo puertorriqueño ya habló, no hace falta otro plebiscito“, dijo en entrevista Alfonso Aguilar, director ejecutivo de la Alianza Latina del Proyecto sobre Principios Estadounidenses.
Para Aguilar, la queja se justifica porque, durante décadas, EEUU ha dicho que los puertorriqueños deben decidir su futuro político, pero la administración Obama y el Congreso han optado por ignorar los resultados del plebiscito.
El año pasado, García Padilla y el Partido Popular Democrático dijeron que, cerca de medio millón de votantes, dejaron en blanco la segunda parte del referendo en señal de protesta porque el estatus actual no fue incluido como opción.
La administración Obama asignó $2.5 millones del presupuesto federal para que Puerto Rico defina mediante otro plebiscito su futura relación política con EEUU.
A través de los años, los puertorriqueños han realizado diversos referendos para determinar si continúan con el estatus actual, se independizan o se suman a EEUU.
Puerto Rico es territorio estadounidense desde 1898 y, aunque los boricuas son ciudadanos estadounidenses desde 1917, éstos no pueden votar en comicios presidenciales desde la isla, y sólo tienen un comisionado residente sin derecho al voto en la Cámara de Representantes.
Una fuente de la Casa Blanca, que pidió el anonimato, explicó que Obama y su Gobierno consideran que el estatus político de Puerto Rico es un asunto de “autodeterminación” del pueblo y la administración trabajará con el Congreso para establecer una “vía clara” que permita ese proceso.
Un grupo de trabajo establecido por la Casa Blanca para estudiar el asunto delineó opciones “constitucionalmente viables” y consecuentes con la política de la administración, aseguró.
