EEUU agotará opciones de diálogo antes de sancionar a Venezuela

WASHINGTON – Estados Unidos prefiere agotar las opciones de diálogo entre el Gobierno de Venezuela y la oposición pese a los escasos avances en las negociaciones entre ambas partes antes de aplicar cualquier tipo de sanción por la represión de las protestas, como le piden algunos sectores del Congreso.

Así lo aseguró hoy la secretaria de Estado Adjunta para Latinoamérica, Roberta Jacobson, en una audiencia celebrada ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado estadounidense, donde ya se presentó un proyecto de ley para la imposición de sanciones que, previsiblemente, se someterá a voto en las próximas semanas.

El presidente del comité, el demócrata cubano-estadounidense Robert Menéndez, se refirió, al comienzo de la sesión, al reciente informe emitido por Human Rights Watch (HRW), el cual describe crueles violaciones a los derechos humanos por parte del Gobierno venezolano.

“El informe documenta cómo las fuerzas de seguridad venezolanas someten a manifestantes detenidos a graves maltratos físicos. No voy a entrar en mucho detalle, pero en un caso los miembros de la Guardia Nacional detuvieron a un joven manifestante y -estoy citando el informe- lo patearon, lo golpearon y le dispararon una bala de goma a quemarropa en su muslo derecho”, relató el senador.

“Fue llevado a una instalación militar (en donde) un guardia, que vio su pierna sangrando, le enterró un dedo en la herida abierta, se la sacó y luego se la introdujo de nuevo”, ilustró el senador, para más tarde interpelar a Jacobson sobre la necesidad de castigar a través de sanciones a los ejecutores de dichas acciones.

La funcionaria reconoció que el Departamento de Estado no ha descartado esa herramienta para responder a lo que ocurre en Venezuela, pero insistió en que “una de las cosas más importantes” es que aún hay “elementos significativos” que defiende la oposición encima de la mesa de diálogo.

“Por supuesto, hemos considerado la revocación de visas y otras sanciones económicas como el bloqueo de bienes bajo la autoridad que ya poseemos (…) y serán útiles si no vemos movimiento sobre la mesa”, reiteró la secretaria de Estado Adjunta ante los legisladores.

Jacobson reiteró que la administración del presidente Barack Obama no quiere que su postura sirva para que el Gobierno de Maduro lo use “como distracción” en medio de las negociaciones auspiciadas por los ministros de Exteriores de Brasil, Colombia y Ecuador.

Sin embargo, la diplomática reconoció que el país aún vive bajo la represión gubernamental y reiteró en diversas ocasiones que las voces de los estudiantes que protestan en las calles deben ser escuchadas para la resolución del conflicto.

Tanto Menéndez, como el senador republicano Marco Rubio, quienes impulsan desde hace varias semanas un proyecto de ley para imponer sanciones contra oficiales venezolanos, fueron muy insistentes sobre la necesidad de hacer pagar a los responsables de las violaciones de derechos humanos en Venezuela.

“Nunca es el tiempo incorrecto para condenar y castigar violaciones de derechos humanos”, argumentó Rubio en referencia a las afirmaciones de Jacobson, al asegurar que este no es el momento adecuado para que Estados Unidos actúe al respecto.

El experto en relaciones internacionales Moisés Naím, miembro del centro de estudios Carnegie Endowment for International Peace, recomendó a los legisladores una serie de medidas para abordar la crisis venezolana, siempre desde un papel externo y sin tomar el protagonismo en la resolución del conflicto.

Naím instó al Gobierno estadounidense a denunciar las acciones de represión del ejecutivo venezolano y a sancionar a los individuos que estén involucrados en las violaciones de derechos humanos, pero “siempre explicando al mundo por qué”.

El experto rechazó, no obstante, que Estados Unidos aplique cualquier tipo de embargo al comercio petrolero de Venezuela, aunque Menéndez, inmediatamente, aclaró que esa medida no ha sido considerada en su propuesta.

Esta misma mañana, 243 personas resultaron detenidas en cuatro campamentos instalados en diversos puntos del este de Caracas para protestar contra el Gobierno, mientras que la audiencia para considerar el caso del líder opositor encarcelado Leopoldo López fue suspendida sin previo aviso.

El dirigente opositor está acusado de los delitos de autoría intelectual de incendio intencional, instigación pública, daños y asociación para delinquir por los hechos violentos del 12 de febrero, cuando una marcha pacífica que López convocó se juntó con otra de estudiantes en la sede principal del Ministerio Público.

Desde entonces, Venezuela vive una ola de protestas, en ocasiones protagonizadas por episodios de violencia, que han dejado cerca de medio centenar de muertos.