Ineludible coctel de violencia en Guatemala
El gobierno guatemalteco dirá que la gran solución está en discutir la despenalización, pero no puede tapar el sol con un dedo
El sociólogo guatemalteco Héctor Rosada afirma que las maras surgen en las zonas más pobres. Crédito: Archivo / La Opinión
Algunos gobernantes parecen no entender que la violencia es un coctel: un combo de elementos que generan actitudes agresivas. Entonces, promover “el tratamiento de los adictos como enfermos, no como criminales, y despenalizar la posesión de pequeñas cantidades de droga”, no se puede vender jamás como “la gran fórmula” para reducir la violencia.
Pero eso es lo que el presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, hizo esta semana en la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) en Guatemala. Así, ya suma ya dos años y cuatro meses con la misma canción: “30 años de combate al narcotráfico no ha dado resultado”. Pero no dice por qué: lucha no es parte de un plan integral (y la corrupción es intocable).
Mientras tanto, la violencia crece en varios frentes: primero, una niñez difícil, con carencias económicas, abuso físico o psicológico, abandono paterno o materno, y/o falta de apoyo familiar en general, que puede condicionar el resto de la vida de una persona. Segundo, una niñez difícil en una comunidad conflictiva, o sujeta a la represión, como durante los conflictos armados en Centroamérica.
En 1997, la Pastoral Social del Arzobispado de Guatemala estableció que en las comunidades peor golpeadas por el conflicto armado interno había una alta incidencia de alcoholismo, problemas de salud como presión alta y migrañas severas, y hasta violencia intrafamiliar. Esto no es casualidad. Si así estaban las víctimas, ¿cuál era el estado psicológico al finalizar el conflicto de quienes cometieron atrocidades durante la guerra y se reintegraron a la sociedad? Y ¿qué efectos generarán actuales las tasas de homicidio del triángulo norte centroamericano, que figuran entre las más altas del hemisferio?
¿Qué les ocurre a los nuevos integrantes de las maras? Uno de los ritos de iniciación implica asesinatos al azar que deben cometer so pena de ser asesinados ellos mismos, o que lo sean sus padres o hermanos. ¿Y los sicarios de las maras, cuyas edades oscilan entre los 13 y 15 años de edad, y los desmembramientos que los mareros y los narcotraficantes utilizan para enviar mensajes? ¿Cómo evitar la cadena de hechos que degradó tanto su humanidad?
Esta y las demostraciones colectivas de violencia aparecen como una masiva válvula de escape de frustración que algunos líderes aprovechan con motivos ulteriores. Ocurre en los linchamientos, o la violencia alrededor del fútbol entre las barras “bravas” de los equipos favoritos, que a principios de mayo cobró la vida de un joven de 17 años en Guatemala. No es algo exclusivo de Centroamérica. Se decía que la ciudad de Los Ángeles, California, tuvo un colapso nervioso en 1992, cuando varios policías blancos fueron absueltos pese a la paliza que le dieron al motorista afroamericano Rodney King. Hubo masivas protestas, salpicadas de actos de vandalismo contra personas inocentes y propiedad privada.
El politólogo estadounidense Ted Gurr explicó en los años 70 que la insatisfacción crónica de necesidades básicas (justicia, empleo digno, etc.) puede llevar a una persona a la violencia física. Luego, hace 15 años, el Banco Mundial publicó un estudio que concluyó que a menos años de escolaridad promedio por persona en un país, mayor es el nivel de violencia. Naturalmente, ser pobre y sin escolaridad no es sinónimo de un delincuente en potencia, pero esas condiciones implican vulnerabilidad en combinación con otros factores.
El sociólogo guatemalteco Héctor Rosada afirma que las maras surgen en las zonas más pobres. Y en medio de esa pobreza que reproducen un círculo vicioso: generan violencia en su entorno y otros estratos de la sociedad. El actual ministro de Gobernación de Guatemala, Mauricio López Bonilla, dijo en 2012 que las maras son la fuente del 60 % de los homicidios en el país (víctimas de las extorsiones, su principal fuente de ingreso, y de las guerras entre maras). En El Salvador, la situación no es muy distinta.
En esta vorágine es casi invisible la violencia de las personas contra sí mismas. Según la prensa local, al menos 27 por ciento de los guatemaltecos padece algún problema de salud mental, un posible sub registro, como las estadísticas de suicidio. Estas cifras no reflejan la autodestrucción a plazos de los adictos al alcohol o las drogas, que requieren un complejo tratamiento a largo plazo.
Ante este coctel, la despenalización y una mayor atención al adicto sólo abordan una esquina del problema. Además, si bien los adictos necesitan tratar las raíces de su adicción, en el caso de Guatemala, basta ver la precaria atención que reciben los enfermos renales, los enfermos con VIH-SIDA, o los enfermos de cáncer, para dudar cuán efectiva sería la atención a los drogadictos.
El gobierno guatemalteco dirá que la gran solución está en discutir la despenalización, pero no puede tapar el sol con un dedo. Se lo recordó el gobierno de Austria hace unas semanas, cuando le prohibió a la empresa Glock vender pistolas a la Policía Nacional Civil de Guatemala dado su alto nivel de corrupción. La reacción del presidente fue la usual: negación total. Y así no habrá plan integral alguno que despegue. En cambio, el coctel de la violencia seguirá anegando al país, y atrapando a quienes no tienen a dónde huir.
