Dos veteranos asediados por la máquina de deportación (video)

Dos mexicanos de nacimiento y veteranos de las fuerzas armadas de los Estados Unidos se encontraron con un destino diferente en la misma semana del pasado mes de abril: uno de ellos murió, pobre y enfermo en Tijuana y el otro logró, tras luchar con uñas y dientes, convertirse en ciudadano de Estados Unidos.

A ambos los atraparon la burocracia y las leyes migratorias de Estados Unidos, que a pesar de su servicio militar, se empeñó en deportarlos por haber cometido delitos menores después de su servicio.

Héctor Barrios, nacido en Tijuana pero que vivió en Estados Unidos desde los 18 años, estuvo en Vietnam entre 1968 y 69. “Regresé loco”, dice en un video realizado en 2012. Arrestado por posesión de marihuana en un vehículo, fue deportado en 2000.

Nunca pudo regresar a Estados Unidos, a pesar de que asegura haber sido juramentado como ciudadano durante su servicio militar.

“Ojalá todo salga bien y pueda yo volver allá”, dice en el mismo video. “Creo que es injusto que lo deporten a uno que peleó por Estados Unidos. Y yo no soy el único”.

El 21 de abril pasado, Barrios murió de un infarto. Su funeral fue velado en uniforme y con honores militares improvisados en Tijuana por compañeros veteranos, también deportados, que viven en esa ciudad.

Carlos Solórzano tuvo mejor suerte. El 25 de abril, unos días después de la muerte de Barrios en Tijuana, Solórzano, de 28 años, juramentó como ciudadano de Estados Unidos en Anchorage, Alaska. Este momento le costó a Solórzano, un veterano de los “Marines”, muchas preocupaciones, noches sin dormir y $10,000 en gastos legales.

En diciembre de 2012, Solórzano regresaba de unas vacaciones en México con su novia Danielle cuando le confiscaron su tarjeta verde y lo remitieron a las autoridades migratorias. Residente legal desde los 12 años y veterano de los Marines durante tres –hasta que le dieron de baja por razones médicas- el joven no se esperaba los problemas que vendrían.

¿La razón? Una pelea en un bar unos años antes que llevó a una sentencia de un año, suspendida, por un cargo de agresión. Aunque sólo sirvió dos días en la cárcel y el juez tomó en cuenta su servicio militar para suavizar su pena, las autoridades migratorias lo consideraron un “delincuente extranjero” y lo pusieron en su lista de deportables.

Eventualmente, Carlos logró ser representado por una abogada que conoce mucho sobre el tema de inmigración y también es veterana de las fuerzas armadas: Margaret Stock. “Sin abogado, la esperanza de Carlos y de muchos otros como él es muy poca”, dijo la letrada. “Pero también a veces es muy difícil luchar contra estos casos porque en 1996 hubo una reforma de inmigración en las que se creó una lista inmensamente variada de delitos por los cuales un residente legal puede ser deportado. Algunos de estos son delitos menores”.

De hecho, sin embargo, la Corte Suprema del país había determinado en 2011 que el delito por el cual se condenó a Carlos no entraba en dicha lista. Aún así, durante meses y meses, ICE y luego USCIS alegaron que Carlos debía ser deportado. “Parte del problema es que las leyes son tan complicadas que la agencia a veces insiste en deportar a alguien que realmente no debe ser deportado”, dijo Stock.

Carlos está agradecido a Stock y orgulloso de haber recibido su ciudadanía estadounidense, pero aún siente indignación con la idea de que este país insista en deportar a veteranos que han servido a su país por una falla menor como la que él cometió.

“En realidad ni siquiera estaban siguiendo su propia ley”, dijo Solórzano. “Lo que pienso es que la culpa la tiene la ineficiencia de nuestro sistema. Por mucho que gaste el gobierno, están más preocupados de opiniones políticas que de necesidades. No les importa dificultar la vida a inmigrantes legales ni separar familias. Me sentí muy desilusionado”.

Para su suerte, Solórzano tuvo los recursos y la suerte que le faltaron a Barrios.