Niños migrantes: De la violencia al limbo

Como tantas otras madres centroamericanas, Juana Romero llevaba varios años trabajando sin papeles en Estados Unidos y mandando dinero para sostener a sus hijos, un par de gemelos de 16 años que vivían con otros familiares en la colonia Pacífico de San Miguel, El Salvador. Pero llegó un momento en que mandar dinero solamente no era suficiente: los jóvenes estaban constantemente asediados por mareros o pandilleros de la MS 13 o de la Dieciocho.

En general, y de acuerdo a varios testimonios de niños, padres e investigadores que han examinado el fenómeno, todo empieza en las calles de El Salvador u Honduras, cuando los mareros se acercan a los jóvenes en la calle o camino a la escuela y los emplazan a participar en su organización, so pena de causarles daño a ellos o a familiares. A veces, esto culmina en homicidios, como fue el caso de un sobrino de Juana.

“Los reportes de peligro eran cada vez mayores. Así que decidí traer a mis hijos”, indicó la mujer.

Juana trabaja en fábricas con un salario bajo. Se hizo una colecta de emergencia entre amigos y familiares. El costo fue de $9 mil por los dos muchachos para que los guías los acompañaran hasta la frontera y luego los coyotes los cruzaran. Les fue relativamente bien hasta llegar a EEUU.

Vinieron en autobús durante todo el trayecto y sólo en una parte los subieron a un Jeep. Finalmente los coyotes hicieron a los gemelos cruzar el Río Grande, ubicado al sureste de Texas. Según cifras del Pew Research Center, un total de 33,470 menores, casi el 71% de todas las detenciones de niños indocumentados no acompañados que han tenido lugar en 2014, se produjeron en esta zona fronteriza.

Al llegar “al otro lado”, los gemelos fueron arrestados.

Algo similar le ocurrió a los hermanitos Karina, de 15 años y William, de 12. Sus papás viven acá desde hace siete años. En 2001, el gran terremoto salvadoreño los dejó sin casa y unos años después decidieron venir a probar suerte al norte al ver que la situación se deterioraba cada vez más, entre la violencia y la pobreza.

Los niños se quedaron, hasta que hace unos meses, Mélida, de 33 años y su esposo decidieron que sus hijos ya no estaban seguros en ese país. El 5 de marzo pasado, Karina y William salieron de su casa en El Salvador rumbo al norte.

No todos tienen un trayecto fácil por México. De hecho, cada vez son más los menores que son víctimas del secuestro de los traficantes para extorsionar a sus familiares y obtener más dinero.

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Las niñas a menudo son violadas en el trayecto, según numerosos testimonios y estudios. Pero los padres de Karina y William tomaron el riesgo.

“El viaje fue bien más o menos cómodo hasta que llegamos a Río Grande y cruzamos”, dijo Karina.

“Ahí tuvimos que escondernos por hora y media con un grupo de gente y finalmente nos arrestaron”.

Al momento del arresto, los menores son llevados a los centros de procesamiento de la Agencia de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) en McAllen y últimamente, por falta de espacio, son trasladados por avión a El Paso, Texas o a Nogales, Arizona. Bajo la ley de protección un menor solo puede estar allí un máximo de 72 horas, pero las autoridades reconocen que esto no se está cumpliendo.

En esos lugares, los menores reportan consistentemente que los dejan por horas y hasta uno a tres días en las llamadas “hieleras”, cuartos ultra refrigerados en donde supuestamente un detenido pasa algunas horas, pero se reporta que están allí durante un día o más.

En los casos anteriores, los menores pasaron relativamente entre uno y tres días con CBP y luego pasaron a un hogar para menores en Texas o California dependientes de la Oficina de Refugiados y Reasentamiento ORR. A los pocos días, representantes federales contactaron a sus padres y les informaron del paradero de sus hijos, indicando que debían comprobar su identidad y la de sus hijos.

Pero otros padres indocumentados no han tenido ese problema. “Yo puse mis huellas”, dijo Mélida, la mamá de Karina y William. “Mandé la plata para el avión y me los mandaron aunque el proceso tardó unos 22 días”.

El futuro migratorio de los jóvenes en estas familias está en veremos. Aún con abogado, es preciso probar que califican para algún tipo de alivio. No obstante, ya están a salvo, o al menos eso es lo que sus padres piensan.