Caruthers, el pueblo que detuvo los abusos

CARUTHERS, California.—Caruthers es un pequeño pueblo rural ubicado a unas 20 millas al sur de Fresno. De sus 2,500 habitantes, 60 por ciento son latinos, y la mayoría son trabajadores del campo. Hoy en Caruthers hay un evidente sentimiento de satisfacción. Y seguridad.

Pero hace apenas dos años el panorama era diferente, los vecinos vivían atemorizados de las detenciones de vehículos por parte de la Patrulla de Caminos de California (CHP).

“Yo estaba entrando a mi propiedad cuando la Patrulla prendió sus luces. Me bajé y el oficial me dijo que no estaba manejando bien… Que llevaba las luces altas…”, dijo Modesta de Jesús, una madre de tres hijos que lleva 10 años viviendo en Caruthers. “Entonces me dijo que mi niño no estaba bien amarrado, lo cual no era cierto. El escribió dos infracciones explicando cosas diferentes”.

Genoveva Contreras, por su parte, recuerda parte de su rutina matutina cuando iba a dejar a su nieta a la escuela. “Había dos patrulleros cerca uno de otro. Cuando regresaba de la escuela, casi siempre veía una familia de trabajadores, al costado de la carretera, con sus bolsas de comida, esperando un aventón porque ya la CHP les había retirado el carro”.

Estos son unos de los testimonios de residentes locales que se sentían acosados por la CHP por ser latinos. Y agregan que las excusas por las detenciones eran solo eso, excusas para averiguar si tenían licencias de conducir —la ley prohibe que se detenga a un conductor solamente por sospechar que carece de licencia.

Al comprobar que un conductor no tenía licencia, el oficial ordenaba la requisa del vehículo, sin informar que bajo la ley AB 353, que entró en vigor en enero del 2012, el conductor en esta situación puede llamar a otro conductor con licencia para que se lleve el vehículo, evitando la requisa.

Los carros requisados permanecen hasta 30 días en un corralón. Para recuperarlo, el conductor debe pagar la multa por carecer de licencia y la “estadía” de un mes del vehículo. Muchas personas no pueden juntar ese dinero y entonces pierden sus vehículos.

El costo de la multa más el depósito casi siempre supera los $1,500, más de lo que un campesino gana por mes.

Por eso las detenciones en Caruthers comenzaron a crear serios problemas económicos. Entonces algunos vecinos decidieron pedir ayuda.

Contactaron a Pan Valley Institute (PVI), organización que es parte de Comité de Servicios de los Amigos Americanos. PVI desarrolla proyectos de organización cultural para inmigrantes y de inmediato compartió este pedido con American Civil Liberties Union (UCLA). Ambas decidieron visitar Caruthers y escuchar a los vecinos.

El 5 de diciembre de 2012, PVI y ACLU convocaron a una conferencia de prensa para exponer la situación de los residentes de Caruthers y exigir un diálogo con autoridades de la CHP, quienes asistieron a dicha conferencia y se comprometieron a realizar una investigación interna.

Desde esa fecha, las organizaciones trabajaron con los vecinos afectados reuniendo testimonios y documentación. Al mismo tiempo, iniciaron un análisis de las tendencias de comportamiento de oficiales de la Patrulla de Caminos en el condado de Fresno revisando los datos de la propia Patrulla.

Resultó que la población del condado de Fresno, los latinos eran 5.5 veces más candidatos a que se les requisara.

Al mismo tiempo, no-latinos eran casi dos veces más candidatos a mantener sus carros al recibir infracciones por manejar sin licencia.

Representantes de la CHP allí presentes fueron invitados a dar su versión.

“Pedía a ACLU la información que ellos tenían pero nunca me la entregaron”, se quejó el jefe Jim Abrames. “Reconozco que dos oficiales en Caruthers fueron agresivos, pero no podemos decir que actuaron contra la ley”. Y agregó que cualquier persona puede presentar una queja en su agencia. Abrames no presentó la prometida “investigación interna” ni disputó los testimonios.

Sus agentes no dejaron de criticar ante la prensa al reporte, acusándolo de falso.

“Nuestro trabajo es serio y confiable, somos organizaciones serias”, dijo Julia Mass, representante de ACLU presente en la conferencia de prensa. “La gente no se comunica con la CHP porque no le tiene mucha confianza”.

“El reporte se confeccionó usando copias de las infracciones de la CHP que obtuvimos gracias al Acta de Documentos Públicos”, comentó Myrna Martínez, Directora de Programa de Pan Valley Institute. “No podemos darle a nadie los testimonios, es algo confidencial”.

Martínez agregó que desde que se hizo pública la queja de los vecinos de Caruthers en diciembre del 2012, la CHP cambió su accionar. Desde entonces las detenciones de tráfico son por razones justificadas. “Esto les hace sentir felices a los residentes, se sienten más confiados”.