Abrirán otro centro para familias migrantes en el sur de Texas
Es el cuarto de su tipo y albergaría a 2,400 personas
Un nuevo centro de detención para albergar a madres y niños migrantes será construido en Dilley, Texas, a unas 70 millas al suroeste de la ciudad de San Antonio.
Las autoridades del Servicios de Inmigración y Aduanas (ICE por sus siglas en inglés) anunciaron el proyecto para South Texas Family Residential Center, el cuarto centro de su tipo en Estados Unidos para responder a la diáspora de migrantes de Centroamérica. Si bien inicialmente podrá retener a 480 personas, eventualmente tendrá capacidad para 2,400.
El centro ―construido al lado de una prisión estatal y un campamento para trabajadores de la industria petrolera― será operado por Corrections Corporation of America pero el contrato y el dinero para administrarlo son para la ciudad de Eloy, Arizona, informó NPR. El acuerdo entre Eloy y ICE es llamado un Acuerdo de Servicios Intergubernamental. El mes pasado, el concejo de Eloy modificó un acuerdo existente que tenía con ICE para una cárcel en la Ciudad de Arizona y agregó este segundo centro de detención en Texas, a unas 931 millas de distancia.
“La Ciudad de Eloy no puede decir con un rostro serio que tiene algo que ver con las operaciones de ese centro porque está a cientos de millas de distancia”, dijo Ranjana Natarajan, director de Civil Rights Law Clinic en la Universidad de Texas en Austin, a NPR.
Eloy, AZ gets no-bid contract to manage private prison in Dilley, TX–what kind of sleazy deal is this?http://t.co/E8fnECbEZo
— Jim Lippard (@lippard) October 28, 2014
De acuerdo a ICE, los detenidos tendrán acceso a servicios educativos, legales y médicos además de trabajadores sociales.
Los otros tres centros dedicados a la detención de familias migrantes están ubicados en Karnes City y Artesia, en Nuevo México, y Leesport, Pennsylvania.
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Defensores de los derechos de los inmigrantes han pedido al gobierno que detenga la expansión del sistema de detención y deportación de inmigrantes.
Laura W. Murphy, directora de la oficina legislativa de Washington para la Unión de Libertades Civiles (ACLU por sus siglas en inglés) dijo en un comunicado que la historia demuestra que encerrar familias limita su acceso a un proceso legal justo y tiene efectos físicos y psicológicos tanto en padres como en sus niños.
“Estamos extremadamente decepcionados con la decisión del gobierno de expandir dramáticamente la detención de niños y madres vulnerables que escapan de la violencia en Centroamérica”, dijo Murphy. “En sólo unos meses, el sistema de detención de familias habrá crecido de 90 camas a casi 4,000”.
