Urgen cambios judiciales

“En Nueva York y el resto del país la promesa de justicia igualitaria bajo la ley vigente se ha erosionado por una serie de muertes trágicas de civiles desarmados a manos de la fuerza policial”. Esa es la premisa que llevó esta semana al fiscal general del estado Eric Schneiderman a dar un paso al frente para pedir al Gobernador Cuomo poderes especiales que le permitan investigar futuros casos de brutalidad policial.

Quienes apoyan la propuesta alegan que a corto plazo se necesita un ojo independiente para establecer mejores procesos de investigación en casos de uso excesivo de la fuerza.

Y es que por las muertes de Eric Garner en Nueva York y Michael Brown en Missouri— ambos afroamericanos— los jurados de turno exoneraron de cargos a los uniformados involucrados pese a las evidencias presentadas.

En cambio, quienes rechazan o tienen sus reservas con el planteamiento de Schneiderman, lo consideran un insulto a la inteligencia de los fiscales, y una alteración al sistema legal establecido.

En toda esta discusión, lo que sí deja claro Schneiderman es que urgen reformas jurídicas para garantizar procesos justos y transparentes. Las cosas no pueden continuar como hasta ahora.

En la mesa de debate está -por ejemplo- la propuesta legislativa de los asambleístas demócratas Karim Camara y Marcos Crespo para que exista un fiscal especial que se encargue específicamente de los casos que involucran a policías acusados de disparar a civiles desarmados.

A nivel federal, el Departamento de Justicia dio nuevas directrices a las agencias del orden para frenar el perfil racial policial.

El cambio de mentalidad no será fácil pero por algo se empieza.

Mientras, Nueva York tiene la oportunidad de liderar un cambio nacional hacia la recuperación de la confianza en el sistema judicial.

El gobernador Cuomo puede sentar un precedente para otros estados si temporalmente usa su poder ejecutivo, pero lo ideal sería que vaya mucho más allá y agilice un cambio a las leyes existentes donde tanto víctimas como acusados estén amparados por procesos sin vicio o prejuicios