No a la politización de la tortura

El miércoles se celebró el Día Internacional de los Derechos Humanos. Ese mismo día, en Chile, un parlamentario pidió un minuto de silencio en el Congreso para honrar la memoria de Augusto Pinochet.

Parece un chiste cruel, pero así ocurrió. En los más de 40 años desde que el dictador le partió el alma a su país, siguen las divisiones sobre su legado.

Estados Unidos tiene su propio historial de violaciones a los DD.HH. No son secreto de Estado.

El nuevo informe emitido por una comisión especial del Senado agregó al listado de agravios. Dejó bien claro que la CIA, durante el mandato de George W. Bush, sí se excedió de su autoridad legal y rompió con protocolos al someter a presos de guerra a brutales interrogatorios. Tan brutales, que es más sensato llamarlos tortura.

La CIA se niega a tal designación. Como máximo, su director, John Brennan, llamó las tácticas “lamentables” y “aborrecibles”. Republicanos, por su parte, mantienen que las prácticas llevaron a la captura de Osama bin Laden y evitaron nuevos atentados como el del 11 de septiembre.

El informe del Senado refutó ambos argumentos. Pero la CIA y los republicanos no dan el brazo a torcer. No hay quién convenza a quien.

Y de mantenerse así las cosas —o de anunciarse el enjuiciamiento de los responsables de estas atrocidades—, es posible que el tema de la tortura se polarice como lo han el tema migratorio, el de la salud y el económico.

Pero la tortura no se puede politizar. Si hay algo en que demócratas y republicanos debieran estar de acuerdo, no es sólo en la ilegalidad de la tortura, sino en su innegable inmoralidad.

Lo interesante es que el país ya ha tenido importantes debates morales en cuanto al valor de las personas, con altura de miras y sin cálculo político. Fue necesaria una guerra civil y centenares de miles de muertos, pero finalmente la nación pudo reconocer su error y terminar con la esclavitud después de defenderla por más de 150 años.

Lo mismo ocurrió con los campos de concentración japoneses de los años 40, tras el ataque a la base de Pearl Harbor. La Corte Suprema había declarado los campos legales, pero décadas más tarde los poderes del Estado supieron reconocer la injusticia, indemnizaron a las víctimas.

Es por eso que el informe del Senado sobre la tortura, en vez de transformarse en un arma política que divida aún más al país, debiese ofrecer una oportunidad para que políticos de izquierda y derecha encuentren un punto en común. Un reconocimiento mutuo de que tal brutalidad no tiene cabida