Explotación

Atrapadas en su camino al norte no escapan a las desigualdades
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Cortesía Leonor Vicente/APOFAM01
Foto: authors

MÉXICO

Sea como agricultoras o vendedoras ambulantes; como trabajadoras sexuales o domésticas, miles de centroamericanas —principalmente guatemaltecas— encontraron en Chiapas un rincón para ganarse la vida lejos de las malas condiciones de sus países, pero todavía bajo el yugo de la desigualdad en México.

La mayoría de ellas gana entre 4.50 y 9.50 dólares al día en trabajos extenuantes de “tiempo completo” en domicilios particulares —donde laboran dos terceras partes de estas inmigrantes— bajo el sol del caluroso campo de la frontera o en bares disfrazados de prostíbulos.

“Una parte importante de las trabajadoras migrantes en Chiapas se encuentra en una situación migratoria irregular, posición que aumenta su condición de vulnerabilidad a las violaciones de sus derechos”, alertó la Organización de las Naciones Unidas en un informe conjunto con el Instituto para las Mujeres en la Migración (IMUMI).

El estudio titulado “Las trabajadoras migrantes centroamericanas en Chiapas: recomendaciones de política pública para garantizar el ejercicio de sus derechos”, da fe de las condiciones de mujeres inmigrantes en esa región.

Actualmente el 85% de la población migrante extranjera que vive en Chiapas es representada por centroamericanos que residen y trabajan en el estado.

Partieron de sus lugares de origen con una carga de violencia a cuestas, crisis económica, inseguridad, agresiones domésticas o de género y desastres naturales, aunque muchas de ellas buscan la reunificación familiar o el sueño de llegar a Estados Unidos y se quedaron en Chiapas. Otro grupo, denominado “commuters”, cruzan diariamente la frontera para llegar a sus labores en México.

Se calcula que, al día, 223 mujeres cruzan la frontera sur y no siempre para trabajar en las mejores condiciones, a pesar de que México firmó en 1981 la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), ratificada por México en 1981.

Ante tal situación, IMUMI y la ONU dieron una serie de recomendaciones a las autoridades mexicanas.

Acceso a la justicia laboral, un trabajo que esté bajo los mandatos de la ley mexicana, como lo son las prestaciones y el seguro social; y tomar medidas contra la discriminación laboral que viven las mujeres, así como la eliminación de restricciones para su documentación migratoria

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