Bajos salarios cuestan a contribuyentes $153,000 millones
Los contribuyentes pagan $153,000 millones para que familias trabajadoras cubran sus necesidades mínimas y mitigar el efecto de los salarios de pobreza
María Inez Guity cuida de una persona mayor y un adolescente durante 30 horas a la semana y gana $10 por hora. El mismo salario que en 2007. Esta hondureña de 50 años recibe $118 al mes en cupones de comida y reside, junto con sus dos hijas y dos nietos, en una vivienda pública de Harlem, New York. “Hay días que no hay comida y no hay nadie a quien pedirle prestado”, admite tras explicar que con los cupones no llega y aún tiene que pagar $720 al mes por el apartamento. Con todo, dice que no quiere “ni pensar qué pasaría si no tuviera esta ayuda, solo Dios lo sabe!”.
Las dificultades de Guity se repiten en familias en las que los trabajadores cobran bajos salarios que se quedan bajo el umbral de la pobreza o rondándolo. Son personas que tienen que recurrir para mantenerse a flote a una asistencia pública que financian los contribuyentes con sus impuestos y supone unos costos anuales de $153,000 millones al año a los presupuestos. La mayoría de estos costos son federales pero los estados se hacen cargo de unos $25,000 millones. California, Nueva York y Texas son los estados que en este sentido más sufren el alto costo de los bajos salarios que pagan muchas empresas y particulares a sus trabajadores.
Las cifras las ha calculado el Centro de Trabajo de UC Berkeley que en un informe publicado ayer da detalles de lo caro que resultan los salarios de pobreza a los contribuyentes mientras empresas como Walmart o McDonald´s, que recientemente han anunciado modestas subidas de salarios, ganan anualmente más de $4,700 millones y casi $17,000 millones respectivamente. Ken Jacobs, coautor de este informe, explicaba en un comunicado que cuando las empresas “pagan demasiado poco a los trabajadores para sostener a sus familias, estos tienen que apoyarse en la asistencia pública para lo más básico”. Jacobs recuerda que el para el 70% de los trabajadores que menos cobran los salarios se estancaron o perdieron poder adquisitivo entre 2003 y 2013. A la vez un 10% menos de empleados reciben seguro médico.
De hecho el informe de Berkeley apunta a que el 56% de la asistencia pública en forma de Medicaid, CHIP (sanidad para niños), cupones de comida (SNAP), Créditos fiscales (EITC) o ayuda temporal, no se destina a desempleados sino a familias en las que hay al menos un trabajador por más de 27 horas. En el hogar de Guity hay dos porque una de sus hijas está empleada en un McDonald´s “pero gana menos que yo”, explica. Esta hija tuvo un bebé hace unos meses por lo que no pudo contribuir a los gastos familiares. Guity dice que deben $1,700 en renta y que su otra hija se encarga de los niños porque no pueden pagar para que alguien lo haga.
Más de la mitad de quienes trabajan en una cadena de comida rápida como la hija de esta hondureña dependen de los programas de subsidio del Gobierno. El 48% de quienes proporcionan cuidados en el hogar a personas mayores están en la misma situación. Los bajos salarios incluso han llegado a trabajadores cualificados como profesores adjuntos de universidad. El 25% de ellos precisa de ayuda pública.
Y muchos de estos, además de personal de aeropuerto, obreros de la construcción y trabajadores de cadenas comerciales como Walmart se van a manifestar mañana en más de 200 ciudades del país para reclamar un salario de $15 la hora. Es una demanda que iniciaron hace dos años y medios los empleados de restaurantes de comida rápida pero que se ha convertido en una lucha que está haciendo suya cada vez más personas. El crecimiento de este movimiento no nace de un sentimiento solidario sino del hecho de que muchos empleados se encuentran en la misma situación. Según el National Employment Law Project (NELP), el movimiento por $15 crece porque el 42% de la población gana menos que eso.
“Las ocupaciones en sectores de bajos ingresos como las ventas minoristas, las ayudas domésticas y los restaurantes son las que más crecen en el país”, explica Christine Owens, directora ejecutiva del NELP. “Si queremos una economía equilibrada y que comparta con justicia la prosperidad, debemos subir los salarios en estos sectores para que apoyen a la reconstrucción de una clase media que está desapareciendo”, dice.
Entre los manifestantes se esperan muchos latinos como Guity. “Yo ya estoy allí!”, decía con impaciencia el lunes. Y no solo porque esta mujer haya estado animando a otros trabajadores a manifestarse sino porque según los análisis del NELP casi el 60% de la población latina gana menos de $15 la hora, la población más afectada por estos bajos salarios. “La idea de que los trabajos de servicios con bajos salarios son una base para que la gente joven empiece a moverse en el mundo laboral es totalmente errónea”
El informe de Berkely explica que la subida de salarios supondría un gran ahorro para las cuentas públicas. De hecho algunos representantes políticos en California Colorado, Maine, Oregón y Washington están considerando llevar el salario mínimo por encima de los $12 la hora. En Seattle el salario mínimo es de $15. En Nueva York la legislatura desestimó recientemente adoptar una subida del salario mínimo de $15. En el Congreso de EEUU no hay una mayoría que vote por subir el salario mínimo, de $7,25 a $10.10, una cantidad que la calle ya ni siquiera reclama.
En Connecticut hay una propuesta en la legislatura estatal para multar a grandes corporaciones que pagan bajos salarios para compensar los costos que eso supone para los contribuyentes. Desde Berkeley se explica que la propuesta presupuestaria demócrata en el Congreso para eliminar beneficios fiscales a las empresas grandes que no suben sus salarios al menos al mismo ritmo que la inflación.