“Viacrucis” enfrenta al cura Solalinde y al gobierno mexicano

MÉXICO

“Lo que le decimos al Instituto Nacional de Migración (INM) es que nosotros salimos porque salimos”.

El activista Armando Medina, uno de los organizadores de la marcha “Viacrucis Fronteras Aliadas” en la que participan 400 centroamericanos indocumentados, lanzó un reto al gobierno mexicano que detiene en Oaxaca a los indocumentados que buscan llegar a la Ciudad de México para protestar por la política migratoria de este país.

“No podemos decir el día o la hora en que vamos a salir de Oaxaca, pero van a tener que enfrentarnos si nos quieren detener”, dijo en entrevista con este diario.

De entrada, cuentan con el apoyo incondicional del sacerdote Alejandro Solalinde, fundador del albergue Nuestros Hermanos en el Camino, en Ixtepec (Itsmo oaxaqueño) que les abrió las puertas del refugio a los inmigrantes que partirían a la capital mexicana desde el pasado jueves, pero el INM lanzó un operativo “de contención” con 260 policías federales.

“Al gobierno de México le cuesta mucho trabajo el principio por persona”, dijo Solalinde quien lanzó un SOS de apoyo solidario al “pueblo de México”.

Según las versión de las autoridades, se trata de un problema de aplicación de la ley y negó que haya un enfrentamiento con el cura, a quien dicen haberle dado en custodia anteriormente a 250 inmigrantes por visa humanitaria a 250.

Sin embargo ahora, “se permitirá el tránsito sólo a las personas que se encuentren administrativamente regulares”, dijo Ardelio Vargas, comisionado del INM para referirse a las personas que tienen visa, residencia o ciudadanía.

“Todas las acciones que se realizan es para garantizar la seguridad de las personas que transitan en el país”, agregó en un comunicado de prensa.

Hasta el momento, el INM y la Policía Federal  mantienen el punto de revisión más cercano a aproximadamente 10 kilómetros de distancia de donde se encuentran el albergue Nuestros Hermanos en el Camino desde donde se frena el “Viacrucis” que busca echar abajo el Operativo Frontera Sur.

La organización Amnistía Internacional considero que el “dispositivo” de contención del gobierno mexicano “criminaliza a los migrantes” y movilizó a activistas para vigilar “el respeto a los derechos humanos” de los 400 inmigrantes a la par de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Por su cuenta, laComisión de Derechos Humanos del Distrito Federal reprobó la acción Federal y adelantó que realiza gestiones con el gobierno y delegaciones locales con miras a recibir de un momento a otro a los inmigrantes con los brazos abiertos en instalaciones deportivas oficiales.

“No podemos criminalizar ni hostigar a las personas que recorren el país”, advirtió.