Salarios de pobreza hasta en las oficinas federales

Denuncian 'robo de salario' de $1.6 millones en edificios del gobierno federal
Salarios de pobreza hasta en las oficinas federales
Trabajadores que limpian las oficinas o atienden la cafetería del Senado en D.C. demandan salario digno.
Foto: Suministrada

Washington, D.C. – Todas las noches, la salvadoreña Sonia Chávez limpia las oficinas del secretario de Educación, Arne Duncan, pero, en busca de respuestas del gobierno, se ha sumado a la queja de otros inmigrantes empleados por contratistas federales que alegan ser víctimas de “robo de salario” por $1.6 millones.

La queja, presentada ante el Departamento del Trabajo (DOL) en nombre de 65 trabajadores, alega que sus empleadores, todos contratistas federales, han violado las leyes salariales aprovechando resquicios, a veces con la complicidad del gobierno.

Estos trabajadores limpian las oficinas de edificios federales, hacen tareas de mantenimiento en el Zoológico Nacional, o conducen autobuses de turismo en el “Mall” de Washington, a cargo del Departamento del Interior.

Según la queja, estos trabajadores no perciben los salarios y beneficios que les corresponden bajo el Acta de Contratos de Servicios (SCA) de 1965, y otras leyes federales. En su conjunto, los empleadores les deben $1.6 millones en salarios y beneficios retrasados.

Salario de pobreza

Chávez y su esposo limpian las oficinas del Departamento de Educación y ganan $9.50 la hora, lo que no les permite cubrir todas sus necesidades.

“El secretario (Duncan) siempre habla sobre cómo debemos alzar los niveles educativos, pero también debemos alzar los niveles salariales… si nos pagaran lo que deben, podríamos darle a nuestros hijos los útiles que necesitan para su educación y quizá para enviarlos a la universidad“, se quejó Chávez.

“No me da pena decirlo, pero dependemos de la caridad y asistencia pública para alimentar y vestir a nuestros hijos”, agregó Chávez, al señalar que ha recibido advertencias de desalojo por no pagar a tiempo el alquiler de su apartamento.

Bajo las leyes, Chávez y su esposo deberían ganar al menos $ 11.83 la hora, más $4.02 en beneficios.

Por su parte, Adom Kezie lleva más de seis años trabajando en mantenimiento en el Zoológico, gana $9.50 la hora y no recibe beneficios, y su magro salario no le permite la “mejor vida” que buscaba en EEUU cuando emigró de Africa. Bajo las leyes, debería estar ganando al menos $13.07 la hora, más beneficios.

Asimismo, los conductores de autobuses de turismo bajo contrato federal ganan un promedio de $16.60 la hora, cuando deberían ganar $20.85 la hora, según la queja.

Activistas de la organización “Good Jobs Nation” afirmaron que las leyes que rigen los contratos federales son “cómplices” de mantener a los trabajadores sumidos en la pobreza, y exigieron que la Administración Obama tome medidas correctivas.

“Estas violaciones han venido ocurriendo durante años… lo más preocupante es la aparente impunidad con la que estos contratistas creen que pueden violar los derechos de sus trabajadores“, afirmó George Faraday, abogado de “Good Jobs Nation”.

Sin precisar cifra, Faraday dijo que el problema podría afectar a otros miles de personas que trabajan para contratistas federales en todo EEUU, pero son “invisibles” a las autoridades.

DOL no ha respondido a una solicitud de este diario para comentar al respecto, ni tampoco la Administración de Servicios Gubernamentales (GSA), que supervisa estos contratos.

En declaraciones a este diario, Dorie Nolt, portavoz del Departamento de Educación, dijo que su agencia toma en serio “el bienestar de todas las personas que trabajan en nuestros edificios, estén o no empleados por el Departamento de Educación”.

La GSA “administra nuestras instalaciones, incluyendo la gestión de los contratos de limpieza, y está trabajando con los contratistas para asegurar que se responda oportuna y adecuadamente a las preocupaciones de los trabajadores”, afirmó Nolt.

Los trabajadores no desconocían sus derechos laborales, pero no intentaron dialogar con sus jefes por temor a represalias, por lo que acudieron a “Good Jobs Nation”, creado en 2013 con apoyo financiero de sindicatos.

Condiciones de “explotación”

En un mordaz informe, Faraday denuncia “problemas sistémicos” con las leyes salariales que se supone deben proteger a los trabajadores de condiciones de “explotación”, semejantes a la que sufren empleados en fábricas en el exterior, en un fenómeno conocido en inglés como “sweatshops”.

Ante la inacción del Congreso, el grupo pidió que el presidente Barack Obama, o su sucesor, use su poder ejecutivo para que “el dinero de los contribuyentes se otorgue de forma preferencial a empleadores que crean buenos empleos, y no solo lo mínimo”.

Aunque no está vinculado al caso, Brady Meixell, del Instituto de Política Económica (EPI) ha señalado que el “robo de salarios” se ha convertido en una “epidemia” que afecta principalmente a trabajadores inmigrantes de bajos salarios.

Del centenar de sanciones más grandes impuestas por DOL entre 2007 y 2012 por “robo de salario”, 32 fueron contra contratistas federales, que en su conjunto tuvieron que pagar $82.1 millones en salarios retrasados, según un informe del Senado citado por EPI.

Ayer miércoles, por primera vez, los trabajadores que limpian las oficinas del Senado y otros edificios federales se sumaron al movimiento en busca de incremento salarial y beneficios realizando un paro laboral de un día.

 

 

 

 

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