Madres detenidas vuelven al ayuno

A Kenia Galeana su libertad y la de su hijo de 2 años le costó casi diez meses de reclusión, una huelga de hambre, un par de días en aislamiento y una fianza de 7,500 dólares. Ahora, esta hondureña se ha convertido en la portavoz de más de un centenar de madres indocumentadas y sus hijos recluidos en el Centro de Detención Karnes, en Texas, donde ayer, nuevamente, dio inició un ayuno como acto de protesta.

“Las condiciones que ahí se viven son las de una prisión… hay que checar tres veces al día con los guardias”, dice Kenia, quien a principio de abril participó junto a un grupo de 80 madres en una huelga de hambre y de trabajo que duró ocho días, como un acto de protesta para llamar la atención de su encarcelamiento y pedir su liberación.

Mohammad Abdollahi, abogado del Centro de Servicios Legales y Educación para Inmigrantes y Refugiados (RAICES), dijo que las mujeres y sus hijos “tendrán una comida al día por las tardes (durante una semana) pero no aceptarán los otros alimentos”, tampoco enviarán a sus hijos a la escuela dentro del centro de detención.

Abdollahi explicó que una de las metas de la huelga es demandar al gobierno federal que permita a las familias detenidas, la mayoría de ellas solicitantes de asilo, salir bajo fianza mientras se resuelven sus casos.

“Así como se me dio respuesta a mí para poder salir al menos con una fianza, así lo deben hacer con las otras; hay muchas madres que tienen casi siete meses ahí, ese el caso de Delmi, ella tiene una deportación (previa), y no tiene derecho a fianza, deben pasar todo el tiempo ahí, es muy largo su proceso”, dice Kenia, refiriéndose a Delmi Cruz, detenida junto con su hijo Alex, de 11 años, y quien era su compañera de cuarto.

“Alex no quiere ir a la escuela. el niño llora, se tapa con la sábana hasta la cabeza, quiero que salgan todas, especialmente Delmi, el niño está en depresión. No es justo que sigan ahí… Delmi sufre mucho por su hijo, lo que más quiereo es que liberen a Delmi”, expresó Kenia.

Kenia y Delmi participaron en la primera huelga y ambas fueron puestas en aislamiento.

“Cuando comenzamos con la huelga,  buscamos la forma de que afuera se supiera lo que estaba pasando y ICE tomó represalias”, contó Kenia, liberada el jueves pasado.

“Tres madres fuimos puestas en aislamiento desde el lunes y salimos el martes del cuarto médico, ese es un cuarto frío y oscuro, solo una cama, un televisor, un toilet. Ahí estaba mi hijo, ahí tenía que darle de comer a mi hijo, ahí tenía que hacer mis necesidades”,relató.

Galeana contó que funcionarios de la GEO, la compañía privada que administra el centro, trataron de hacerles firmar un reporte de conducta inapropiada.

Un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) dijo a través de una declaración electrónica que su oficina de derechos y libertades civiles (CRCL) está en el proceso de abrir una investigación sobre las quejas recibidas con relación al centro residencial para familias inmigrantes detenidas en Karnes, pero no dio más detalles.

El centro de detención en Karnes, localizado a unas 50 millas de la ciudad de San Antonio, Texas, es uno de los tres centros de este tipo que Estados Unidos tiene para familias, todos operados por ICE. Los otros están ubicados en  Dilley, Texas y Leesport, Pennsylvania, con una capacidad total para albergar a 4,000 inmigrantes indocumentados.

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Activistas y abogados de inmigración que ofrecen sus servicios pro-bono a las madres detenidas y a sus hijos, buscan que la Administración Obama desista de encarcelar a familias inmigrantes que huyen de la violencia en sus países y buscan asilo en EEUU.

En los últimos años, Honduras, El Salvador y Guatemala se han sumido en el caos por el auge de las bandas criminales que en algunos casos rivales del estado en su poder. La ley estadounidense ofrece una vía para aquellos que están buscando asilo contra este tipo de caos. Para calificar, el solicitante debe normalmente presentarse ante los agentes fronterizos y demostrar un “temor creíble” de volver a su país y pasar a través de una audiencia formal de asilo, durante el cual un juez de inmigración puede evaluar los méritos de la reclamación.

Los primeros pasos de este proceso se pueden completar en días, pero la audiencia final puede tomar meses para programar, por lo que las autoridades han permitido tradicionalmente los solicitantes de asilo a vivir con familiares y amigos mientras esperan una decisión final. Desde junio del año pasado, el gobierno de Obama abandonó esta práctica y en lugar de liberar a las familias bajo fianza a la espera de una audiencia, prácticamente todas son detenidas con sus hijos en las nuevas instalaciones de ICE.

El gobierno defiende esta práctica como una estrategia para desalentar la llegada de futuros solicitantes de asilo a Estados Unidos.

En febrero pasado el juez federal James E. Boasberg, del Distrito de Columbia concedió una medida cautelar para detener la política de disuasión.

“El Gobierno”, Boasberg escribió, “sostiene que un individuo en particular puede ser civilmente detenido por el bien de enviar un mensaje de disuasión a otras personas centroamericanas que puedan estar considerando la inmigración.

Pero la medida cautelar de Boasberg no aplica para personas que anteriormente han sido deportadas, como es el caso de Delmi, cuyos casos son vistos de forma separada, y cuyos casos caen en un limbo jurídico y podrían permanecer ahí durante muchos meses más.