La espera de DAPA es más dura en los zapatos de los indocumentados

Mary Ballesteros-Coronel

Se suponía que el pasado 19 de mayo Sandra Bautista empezaría a salir de las sombras en la que ha vivido durante nueve años para comenzar a incorporarse, de una manera legal, a la economía de Estados Unidos, pero esta semana, el mismo día que un tribunal negó una vez más la implementación de los alivios migratorio, fue despedida de su trabajo por no tener un número de seguro social.

En noviembre, el presidente Barack Obama anunció el programa de Acción Diferida para Padres de Ciudadanos y Residentes Permanentes (DAPA) y una extensión de otro para jóvenes conocido como DACA, que podría otorgarle un permiso de trabajo temporal y un SSN, pero estos programas han quedado estancados en un pantano de litigios y ataques políticos desde la bancada de los republicanos.

Esta semana el Quinto Circuito de Apelaciones rechazó una petición de emergencia del Departamento de Justicia para desbloquear estos programas.

Para el presidente Obama los fallos adversos han sido ‘golpes a su gobierno”, para los republicanos y grupos conservadores ‘victorias políticas”, pero para los casi 5 millones de indocumentados que se beneficiarían de DAPA y DACA, entre ellos Bautista, significa seguir viviendo en un limbo.

“Necesito los papeles, necesito un trabajo”, sostiene Bautista, madre soltera de un niño de 5 años, quien no sabe que le duele más, si perder el empleo de salario mínimo en un restaurante de McDonald’s en Santa Clarita, California, o la impotencia que comparte con millones de indocumentados en este país cuando alguien les pide su número de seguro social para algún trámite o su identificación y al no poder salir del país para visitar a sus familiares del otro lado de la frontera.

“Con un número de seguro social, uno puede conseguir un mejor trabajo, estudiar, superarse”, dice Bautista, originaria de Pachuca, Hidalgo, quien en 2006 pagó $1,500, camino durante cuatro días entre los cerros, tomó el agua verdosa de los canales y pasó hambre para llegar a lo que ella aún considera “el país de las oportunidades.

“Allá de donde nosotros somos no hay trabajo, vive uno en la pobreza, no alcanza el dinero para nada, solo para medio comer”, cuenta la mujer.

Se estima que en el país hay por lo menos unos 11 millones indocumentados y la última reforma migratoria – la mayor y más exhaustiva de EEUU en los últimos 60 años-  fue promulgada en 1986, por el presidente Ronald Reagan.

Gracias al Acta de Reforma y Control de Inmigración (IRCA), una ley que fue resultado de un extraordinario compromiso bipartidista en el Congreso, muy difícil de conseguir en el contexto político actual cerca de 3 millones de trabajadores indocumentados, en su gran mayoría mexicanos y centroamericanos, legalizaron su permanencia en el país y eventualmente se convirtieron en ciudadanos estadounidenses.

Pero para su infortunio, María Cibrián , quien llegó a EEUU a principios de los 80’s, no fue una de las beneficiadas de IRCA porque su caso cayó en manos de un abogado sin escrúpulos que le falsificó un permiso para salir del país debido a una emergencia familiar, desde entonces está a la espera de “algún tipo de legalización para los indocumentados”.

“Me preocupa que ya tengo 56 años (de edad) y llegará pronto el tiempo que me tenga que jubilar y nada. No puedo conseguir un empleo porque en todas partes lo primero que te piden son los papeles”, dice Cibrián, único sostén y guardián de una hija de 33 años de edad que moderado retraso mental.

“He vivido todo este tiempo con ansias -entre frustraciones y alegrías. Con el anuncio de Obama pensé que ya tenía los papeles”, señala Cibrián. “Cuando bloquearon los alivios en la corte de Texas se me vino el techo encima, otros años de espera pensé, para mí ha sido una espera muy difícil”.

En 2012, tras el fracaso en el Congreso para lograr una nueva reforma migratoria, Obama creó el programa conocido como Acción Diferida para Jóvenes Inmigrantes (DACA), a través del cual unos 780,000 indocumentados han conseguido su permiso de trabajo temporal y número de seguro social que les ha permitido obtener una licencia de conducir y mayor acceso a la educación superior.

La acción ejecutiva de Obama que ha sido bloqueada en los tribunales habría abierto la acción diferida a unos 5 millones de indocumentados.