Más crisis en Puerto Rico podría convencer al Congreso

Washington, D.C. – Autoridades del gobierno de Puerto Rico piensan que el agravamiento de la crisis fiscal puede hacer cambiar de posición en unos meses a la mayoría republicana del Congreso y abrir la puerta a un proyecto que permita ofrecer a las empresas públicas el mecanismo de la ley federal de quiebras.

Aunque está claramente descartado que el proyecto 870 que incluiría a Puerto Rico en el capítulo 9 de la ley de quiebras federal tenga los votos para avanzar ahora, el comisionado residente Pedro Pierluisi afirmó el jueves que “en la medida en que se siga deteriorando la situación fiscal y económica más crece la posibilidad”, por lo que puede que la idea reviva.

“El Congreso tiene algo de las leyes de física de Newton: para que se mueva tiene que haber una fuerza mayor a la existente. La crisis agravada puede ser [esa fuerza]. Ojalá que no haya que llegar a eso”, indicó el presidente del Senado, Eduardo Bhatia, junto al exgobernador Luis Fortuño, cara pública de la campaña a favor de la legislación que ha desarrollado la Coalición pro Estabilidad Fiscal a través de la firma republicana de cabilderos “Navigators Global”.

El cabildeo de las autoridades de la Isla y la Coalición Pro Estabilidad Fiscal ha sido derrotado, hasta el momento, por las firmas de inversiones Blue Mountain, Franklin y Oppenheimer, junto a la guerra publicitaria que mantiene el grupo conservador Asociación 60 Plus, que antes ha sido financiada por entidades de los famosos hermanos ultraconservadores Koch.

“Las expresiones conjuntas del Comité de lo Jurídico reflejan que aquellos que han torpedeado los esfuerzos de Puerto Rico y que quieren estrangular al país – que son los mismos de Doral y aliados a un ala del PNP-, han encontrado eco en algunos republicanos. (El mecanismo de quiebra) por la vía legislativa congresional será cuesta arriba”, dijo Bhatia.

Cualquier cambio de opinión, si es que fuera posible, probablemente tendrá que esperar a septiembre, cuando ya se habrá conocido el resultado de las negociaciones del gobierno de Puerto Rico con miras a reestructurar partes de la deuda pública. El Congreso iniciará su receso legislativo de verano el 31 de julio y no volverá a sesionar hasta el 8 de septiembre.

Esta semana, con declaraciones muy similares, los presidentes de los comités de lo Jurídico del Senado y la Cámara de Representantes descartaron echar hacia delante en este momento una medida como el 870.

Ante la presión pública sobre el tema, el presidente del Comité de lo Jurídico de la Cámara baja, el republicano Robert Goodlatte (Virginia), reunió a los miembros de la mayoría el miércoles antes del inicio de una sesión de votación, para determinar si había apoyo suficiente para aprobar el 870. La decisión es que no hay consenso y que no avanzará, por lo menos bajo las circunstancias actuales.

“Hay que seguir insistiendo”, dijo Pierluisi, a quien le preocupa que ahora que la crisis fiscal es parte del debate nacional en Estados Unidos, en muchos medios estadounidenses se proyecte como si fuera una petición para incluir en el capítulo 9 a todo el gobierno de la Isla.

Al senador Bhatia le agradó que el gobierno de Puerto Rico decidiera apelar la decisión del Primer Circuito de Apelaciones que no solo oficializó la invalidez de la ley puertorriqueña de quiebras, sino que acentuó que la Isla está sometida a los “poderes plenarios” del Congreso, lo que le otorga un marco amplísimo para legislar sobre la Isla.

El inversionista responde

Mientras el Gobierno de Puerto Rico trabaja en su estrategia para iniciar la próxima semana las negociaciones con sus bonistas encaminadas a reestructurar la deuda, aunque el mayor de ellos no parece estar dispuesto a ceder mucho terreno.

“Pese a las afirmaciones hechas por su gobernador (Alejandro García Padilla), creemos que el Estado Libre Asociado de Puerto Rico tiene la capacidad de pagar sus deudas”, resume contundentemente Oppenheimer Funds, el principal bonista de la isla.

En una opinión publicada en su web sobre la situación en Puerto Rico, esta firma alega que, aunque García Padilla dijo que la deuda era “impagable”, solo dos días después, el 1 de julio, realizó “a tiempo y en su totalidad” los pagos del servicio de la deuda que vencían ese día.

“También el 1 de julio, el Gobierno comenzó el año fiscal 2016 con un presupuesto equilibrado”, al tiempo que el “acuerdo de indulgencia con los bonistas de la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico (AEE) se amplió al 15 de septiembre, para dar tiempo a la compañía a desarrollar un plan operativo y financiero”, recuerda.