Jefe del DHS: ‘No se puede forzar a ciudades santuario’

El secretario de Seguridad Nacional busca la cooperación de las autoridades locales y estatales para detener a indocumentados    
Jefe del DHS: ‘No se puede forzar a ciudades santuario’

Washington.- Líderes republicanos del Congreso afilaron este martes sus ataques contra la política migratoria de la Administración Obama porque, a su juicio, ha permitido “ciudades santuario” como San Francisco (California), donde un criminal indocumentado, aparentemente puesto en libertad por error, mató a una joven a principios de este mes.
Durante una audiencia del Comité Judicial de la Cámara de Representantes, los republicanos, casi al unísono, utilizaron el asesinato de Kathryn Steinle, el pasado 1 de julio a manos del mexicano Juan Francisco López Sánchez, como prueba de que las autoridades locales y estatales deben, de forma obligatoria, mantener a los inmigrantes indocumentados detenidos hasta que pasan a custodia federal.
El legislador republicano por Carolina del Sur, Trey Gowdy, encabezó los ataques y, durante un tenso intercambio con el secretario de Seguridad Nacional, Jeh Johnson, afirmó que López Sánchez, deportado anteriormente en cinco oportunidades, es “prueba A” de que EEUU no tiene control operacional de su frontera sur y ha permitido el surgimiento de “ciudades santuario”.
“Si ciudades como San Francisco están ignorando las órdenes de detención federales, ¿Por qué no las hacen obligatorias?… con seguridad (San Francisco) no fue un santuario para una joven mujer que caminaba con su padre”, afirmó Gowdy.
Aunque interrumpido varias veces por Gowdy, Johnson explicó que el programa policial “Comunidades Seguras” fue reemplazado por el “Programa de Prioridad Policial” (PEP, en inglés) porque no funcionaba, desalentaba la cooperación con autoridades locales y estatales, y es importante mantener el debido proceso de todo detenido.
Johnson explicó que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) busca la cooperación de las autoridades locales y estatales y, en aras del respeto al debido proceso garantizado por la Constitución, sería contraproducente forzar su participación.
Más de 300 jurisdicciones se negaron a cooperar con “Comunidades Seguras” y más de 12,000 órdenes de detención contra indocumentados en las cárceles –conocidas en inglés como “detainers”- fueron desatendidas, según Johnson.
“En mi libro, (López Sánchez) es prueba A de por qué las jurisdicciones necesitan trabajar con nuestro programa PEP”, afirmó Johnson, quien reconoció que el incidente en San Francisco ha suscitado “muchas preguntas”, pero no pudo precisar si la Administración Obama ha contactado a los familiares de Steinle para dar explicaciones.
El presidente del Comité, el republicano Bob Goodlatte, criticó que, según datos de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE), cerca de 350,000 inmigrantes con antecedentes penales han sido puestos en libertad mientras aguardan su deportación o proceso judicial.  De los 30,500 inmigrantes criminales puestos en libertad el año pasado, 1,423 cometieron más crímenes, dijo.
Johnson defendió las nuevas prioridades de deportación de la Administración Obama y, pese a los ataques republicanos contra los alivios migratorios, dejó en claro que López Sánchez no hubiese calificado para ningún tipo de ayuda.
En general, los demócratas expresaron condolencias por la trágica muerte de Steinle pero advirtieron de que sería un error adoptar políticas que debiliten la seguridad pública y minen los derechos y libertades consagrados en la Constitución.
El asesinato de Steinle en el embarcadero de San Francisco, no obstante, ya ha sido politizado e incluso ha surgido en la contienda presidencial.
Tanto el precandidato republicano Donald Trump, como la precandidata demócrata Hillary Clinton, han criticado que López Sánchez, quien había sido trasladado de una cárcel federal a una local en San Francisco, haya sido puesto en libertad en abril pasado debido a la política como “ciudad santuario”.
López Sánchez fue puesto en libertad después de que la fiscalía le retiró unos cargos de droga que pesaban en su contra desde hace 20 años, pese a que ICE había solicitado su continua detención mientras se procesaba su deportación.
López Sánchez se declaró no culpable de asesinato en primer grado pero permanece en prisión mientras espera su juicio.  De ser declarado culpable, podría afrontar la cadena perpetua.