“Eran estafadores jugando a ser empresarios”

Nueva York— A tres años de que la compañía de importaciones y exportaciones Inversionistas Unidos defraudara a unos 400 inmigrantes latinos en Queens, la investigación parece estar estancada pese a que la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) se hizo cargo del caso.

La empresa -situada en Rego Park- del quiteño Oswaldo Patiño y la original de Medellín, Liliana Henao,  prometía duplicar el esquema de recaudación de capitales de sus inversionistas, la mayoría ecuatorianos y colombianos. Inicialmente, la importadora y exportadora de frutas y vegetales redituaba a las víctimas una exagerada tasa de interés, pero en diciembre de 2011 los supuestos empresarios se esfumaron con entre $15 y $20 millones.

El Diario investigó el caso en enero de 2012 y habló en exclusiva con Fanny Gil, madre de Henao, quien para entonces declaró que su hija ‘tuvo mala suerte en los negocios’ y que si no daba la cara era para resguardar la vida, ante la lluvia de amenazas.

“Eran estafadores jugando a los empresarios”, dijo el colombiano Carlos Norena, quien perdió $90,000 en Inversionistas Unidos y el sueño de comprar con sus dividendos un apartamento en Queens. “Fue un fraude tan meticulosamente planeado que por años decenas de incautos cayeron sin sospechar su ruina”.

Las primeras denuncias se realizaron en la Fiscalía de Queens, pero en 2013 ésta oficina transfirió el caso al FBI en su división de Newark, Nueva Jersey.

“El FBI tiene una jurisdicción más amplia para realizar la investigación y también el potencial de imponer una pena mucho más severa en caso de condena”, dijo Kevin Ryan, portavoz de la Fiscalía de Queens.

Pero a dos años de que las autoridades federales se hicieran cargo, la investigación está en el limbo, según las víctimas. Los afectados temen que el caso sea cerrado sin arrestos.

“La detective encargada de la pesquisa me dijo en días recientes que se cerraría el caso por falta de pruebas”, indicó Norena, quien en julio de 2013 recibió una carta de la oficina federal pidiendo su colaboración. “Ni siquiera hay pistas de Henao y Patiño. Es realmente frustrante”.

La oficina de prensa del FBI no reveló el estatus de la investigación. Tampoco confirmó o negó el reclamo de las víctimas de que el caso se cerraría.

Norena entregó a Henao un primer cheque por $25,000 en 2009 seguro de que su inversión se duplicaría en pocos meses, pero la elaborada estafa tipo pirámide se hizo insostenible cuando las víctimas dejaron de recibir dividendos de hasta $1,500 mensuales.

El 26 octubre de 2011, los inversionistas se congregaron en el salón Dante de East Elmhurst para exigir la devolución de sus fondos. Para la misma época, Liliana Henao transfirió sus propiedades en Colombia a su padre Jairo de Jesús Henao Posada, según documentos de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Medellín Zona Sur, obtenidos por Carlos Norena.

“Emprendí mi propio rastreo de Liliana Henao ante la inacción de las autoridades federales”, expresó. “Los padres de la estafadora viven en un lujoso apartamento a expensas de cientos de defraudados”.

El colombiano Carlos Londoño, empresario de bienes raíces, admite que el encanto de Patiño y Henao nubló su perspicacia en los negocios.

“Es vergonzoso reconocer que este par de bandidos me envolvieron fácilmente en su telaraña de riqueza inmediata”, expresó. “Pero es más vergonzoso que no se esté procurando justicia”.

Londoño recordó el caso de un jubilado que entregó los $150,000 de su fondo de retiro a Inversionistas Unidos.

“El pobre hombre ahora vive de la venta de artesanía en las calles de Queens”, dijo. “No desistiremos hasta que Henao y Patiño estén tras las rejas”.

De acuerdo con documentos de Inversionistas Unidos en poder de Norena, Liliana Henao hizo transferencias bancarias desde un banco Chase de Forest Hill a su hermano Juan Guillermo Henao en Colombia.

Carlos Delgado, otra de las víctimas, alega que el hermano de Henao recibió dinero de sus parientes en Medellín para Inversionistas Unidos. La familia presentó en 2012 una querella por fraude ante las autoridades colombianas, pero la Fiscalía Nacional del país sudamericano no reveló detalles de la investigación, ni dio comentarios sobre el caso.

La familia de Oswaldo Patiño en Quito no fue localizada de inmediato.

Funcionarios siguen el caso

Los funcionarios electos de Queens que se reunieron con las víctimas Inversionistas Unidos en 2012 afirmaron que están consientes de la situación.

“Estamos al tanto de lo sucedido, y en su momento, facilitamos desde mi oficina toda la información que teníamos disponible a la Fiscalía de Queens”, dijo el senador José Peralta. “Al parecer, la Fiscalía de Queens ha investigando el caso, y ahora esta en manos de las autoridades federales, ya que ellos solicitaron continuar con la investigación. Espero que las víctimas puedan recuperar el dinero que tanto trabajo les costó ganar y que las autoridades hagan lo posible para evitar casos semejantes”.

Lillian Zepeda, vocera de la concejal Julissa Ferreras, dijo que la Fiscalía de Queens informó a la funcionaria en una reunión en 2013 que enfrentaba dificultades en la investigación porque muchas de las víctimas habían abandonado el país.

“Entendemos que por esa razón, el FBI tomó el caso”, añadió.

Por su lado, el asambleísta Francisco Moya confió en que el sistema de justicia manejará adecuadamente el asunto.

“Me reuní con las presuntas víctimas de fraude cuando el asunto salió a la luz y apoyé sus esfuerzos para que las fuerzas del orden tomaran el caso”,  dijo Moya. “Una vez que el caso estuvo en manos de las autoridades, por desgracia, mi oficina no tuvo ninguna otra función que desempeñar”.

Expiración en caso de demanda

Las leyes estatales requieren un tiempo límite para la presentación de demandas y otras acciones civiles en casos de fraude, un término conocido en inglés como ‘statutes of limitations’. Dependiendo del tipo de caso o procedimiento, los plazos en Nueva York generalmente caducan a los seis años desde la fecha del incidente.

La parte contraria puede presentar una moción para desestimar el caso alegando que el tiempo permitido por la ley para presentar una demanda ha pasado. Una vez que el juez echa por tierra el caso, el derecho de demanda se pierde permanentemente.