Cuatro hipótesis sobre el asesinato del “Buscador de Fosas”

México.- Miguel Ángel Jiménez, con unas gotas de sudor en los cachetes, estaba sentado en el asiento trasero de la blanca y pulcra camioneta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) a lado de Mayra, una mujer delgada y triste que se convirtió en activista por la desaparición de su hermano y ahora acompañaba a Miguel.

Nadie le quitaba de la cabeza que los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa desaparecidos por policías municipales de Iguala el 26 de septiembre de 2014, se encontraban en algún lugar del vecino municipio de Cocula por donde serpenteaba transportado por dos investigadores de la CNDH apresurados por salir de ese infierno y enfilarse camino a sus confortables departamentos del Distrito Federal.

Sesenta fosas clandestinas han sido encontradas por esos rumbos y, la mayoría de ellas, en búsquedas organizadas, empujadas y encabezadas por Jiménez, quien había sido comisionado por Bruno Plácido, líder de la policía comunitaria Unión de Pueblos, para buscar a los jóvenes que el Estado en algún momento dio por muertos.

“Hace unos días Miguel encontró unos pozos donde sospechaba que habían sido tirados los muchachos y llamó a los peritos del gobierno estatal y federal, como se había acordado cuando localizaban cuerpos”, relata Plácido a este medio.

“Los peritos vinieron y, cuando estaban en la búsqueda, la bomba que estaba sacando el agua se descompuso y suspendieron temporalmente la extracción, luego, cuando regresaron, Miguel se dio cuenta de que los cuerpos ya no estaban”.

Bruno Plácido cree, hasta ahora, que el asesinato de su “comandante” está relacionado al trabajo en Iguala donde Miguel Ángel se movía con soltura, apostando a su buena relación con los periodistas a los que animaba, guiaba y  filtraba información a veces tergiversada  -según su conveniencia-, pero casi siempre certera.

“Hay que llamar la atención de los medios, sobre todo la televisión”, decía Jiménez a la activista Mayra aquella tarde calurosa en la camioneta de la CNDH, 10 meses antes de que le pegaran dos tiros en Xaltianguis, su municipio natal aledaño al puerto de Acapulco donde creó la policía comunitaria de mujeres que tantos reflectores acaparó contra el crimen organizado y donde vivía su esposa y seis hijos, el más pequeño de tres meses de edad.

En Xaltianguis y en pleno entierro, Julia Alonso, representante de Ciencia Forense en Guerrero, se inclinó por la hipótesis de que el asesinato fue producto de la venganza de los secuestradores, narcotraficantes y todos los malandrines que Miguel Ángel combatió y echó. “Los criminales sentían decían abiertamente que era una ofensa que Miguel anduviera paseándose”.

La fiscalía estatal mantiene hasta ahora todas las líneas de investigación posibles, incluso la que pudiera llevar a otra organización de autodefensas autodenominada Frente Unido por la Seguridad y el Desarrollo de Guerrero en Xaltianguis con la cual se ha enfrentado UPOEG en varias ocasiones con varios muertos de ambos bandos a cuestas.

Incómodo

La cuarta hipótesis que las autoridades podían argumentar, era una de las más temidas por Jiménez: “En México eres incómodo y te matan para echarle la culpa a cualquiera, al primero que se atraviese”.