México vive una crisis en la investigación criminal
No solo falta capacitación sino también equipos para encontrar pistas contundentes, según analistas
Una mala recolección de pruebas lleva a no poder probar un delito. Crédito: Getty Images
MÉXICO
Rubén Oceguera, hijo del líder del Cártel de Jalisco Nueva Generación y Cemeí Verdía, líder de las autodefensas michoacanas de Santa María Ostula tienen una historia similar que les pasó el último mes sin siquiera conocerse: fueron detenidos y acusados por la Procuraduría General de la República (PGR) y finalmente liberados por falta de pruebas.
Casos en el último mes se suman a otros cientos que han recibido el revés de los jueces durante el presente año, y desde mucho antes, porque las fiscalías estatales y la federal no logran probar los delitos imputados a los presuntos criminales que regresan una y otra vez a las calles, como en el caso de Oceguera al que se le liberó dos veces en 2015.
“La policía investigadora en México tiene un problema que va más allá de corrupción –que por supuesto existe- y es la falta de capacitación de los agentes o falta de equipo necesario para hacer un trabajo de investigación científica”, advierte Martín Barrón, analista del Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE) quien ha monitoreado en campo casos emblemáticos como las muertas de Juárez.
“Encontramos en Chihuahua graves deficiencias en la recolección de indicios, en la preservación de las evidencias y en la sustentación de pruebas”, dice el analista.
Barrón cita dos casos como ejemplo del tipo de errores que pueden echar abajo una investigación: “los ministeriales decían en Juárez que habían encontrado un líquido rojizo en el cuerpo de una mujer y nunca lo mandaron al laboratorio para saber qué era. Otra cosa que hacían mal era cortar los nudos de las víctimas cuando éstas eran atadas y esto no se debe de hacer sin que se sepa si el nudo lo hizo un zurdo o un diestro y quede registro de ello”.
El problema para tratar las evidencias de un delito es complejo y va desde actos de corrupción hasta ignorancia o falta de condiciones para analizar las pruebas. En México ni siquiera existen almacenes para preservar las evidencias o, al menos, no de manera pública y sistematizada.
El Distrito Federal inició apenas por estos días la búsqueda de una empresa privada que le enseñe a sus agentes a tratar el material que podría convertirse en pruebas contra criminales; mientras que, en el estado de Guerrero, el Grupo Interdisciplinario que sigue el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa, desaparecidos el 26 de septiembre de 2014, reveló que el trato que dio la PGR a algunas evidencias como ropa o videos fue poco profesional.
El exprocurador Jesús Murillo Karam reconoció en su momento que la dependencia que tuvo a su cargo hasta febrero pasado necesita “un cuerpo de investigadores serios, confiables, científicos y con tecnología para combatir a la delincuencia moderna, a veces más moderna que quien la persigue”.
Falta modernidad
Hasta la fecha no existen bancos nacionales de huellas dactilares, ni de datos genéticos ni mucho menos de averiguaciones previas y hasta 2014 faltaban 12 procuradurías con laboratorio propio para genética forense.
