Un sistema de justicia que se ensaña con los indígenas
Muchos encarcelados no tienen sentencia y han sido arrestados bajo serias irregularidades
CIUDAD de MÉXICO – Roberto Paciencia dice que es inocente, como la mayoría de los presos. La diferencia con este tsolsil recluido desde julio pasado en San Cristobal de las Casas, Chiapas, es que forma parte de un complicado grupo al que las debilidades institucionales del país golpea con todas sus fuerzas: es pobre, indígena y acusado por un sistema de justicia turbio y opaco.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos cuenta poco más de 8,000; la mitad, concentrados en los estados de Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Puebla y Veracruz, pero también los hay en plena capital mexicana, en Chihuahua, Coahuila, Aguascalientes y Nuevo León.
Están acusados de homicidio, lesiones, daño patrimonial, despojo, violación, estupro, hostigamiento sexual, portación de armas de fuego y delitos contra la salud.
Tzolziles, tzeltales, nahuas, zapotecos, nahuas y mayas que llegaron a las cárceles sin un debido proceso, detenidos sin órdenes de aprehensión, confesos bajo presuntas torturas y sin abogado o perito traductor a su lengua nativa a pesar de que no dominan el español o apenas entienden algunas palabras.
Ese es Paciencia, un chofer de transporte originario de la comunidad de Majopepentic a quien la Policía Estatal Preventiva chiapaneca detuvo en la calle acusado de secuestrar a dos personas el 18 de mayo de 2013.
“Me hicieron firmar por un delito que no cometí”, afirma en una carta pública difundida por la organización civil no gubernamental Sipaz.
En su versión extraoficial, el indígena argumenta que los policías lo obligaron a base de torturas a confesar el delito. “Me golpearon todo el cuerpo, pero un ojo en especial y ya no veo con ese ojo… luego un abogado me dijo que había firmado mi confesión del secuestro”.
La directora de la Comisión Nacional Indígena, Nuvia Mayorga reconoce públicamente que muchos de los indígenas presos no estarían tras las rejas si “hubieran tenido una defensa adecuada”. El problema –argumenta- es que apenas en los últimos años se están formando abogados bilingües y hasta la fecha sólo hay 756 intérpretes de lenguas indígenas en todo el país.
Otro problema es cultural. El ex diputado de la Comisión de Asuntos Indígenas, Héctor Sánchez, detectó en una gira que realizó hace algunos años por el país que muchos indígenas optaban por no asumirse como indígenas por miedo a ser víctimas de una doble discriminación, la racial y la de “presunto culpable”.
Estas carencias provocan situaciones extremas como la indefinición legal durante años. En el estado de Guerrero, la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos (Cddehum) denuncia que hay algunos reclusos indígenas sin sentencia desde hace más de 10 años y alrededor del 60% no cuenta con defensoría ni siquiera de oficio, esa que proporciona el gobierno.
“No se les cumplen los tiempos legales y siguen ahí indefinidamente”, dice Hipólito Lugo, abogado de Cddehum.
Golpe a los litigantes
Eduardo Mosqueda es un abogado del Instituto de Derecho Ambiental (IDEA) preso desde el 22 de julio. Los defensores de los derechos humanos lo consideran un preso político porque era quien hacía fuertes a los indígenas nahuas de Ayotitlán, Colima, que pelean sus tierras al tú por tú contra el consorcio minero Benito Juárez- Peña Colorada.
“Pedimos un careo con el procurador porque por órdenes de él fue detenido”, detalla Valentín Veyna, activista de IDEA.
La organización considera que el encarcelamiento de Mosqueda no es más que un mero pretexto para golpear a los nahuas organizados: el día en que fue detenido, lideraba el retorno de 500 ejidatarios a los terrenos concesionados a la minera en la región limítrofe con Jalisco que habían sido recuperados por la etnia en 1963, después de una batalla centenaria desde que el Virreinato “extravió” sus títulos de propiedad.
Las tierras son muy codiciadas desde antaño por su riqueza mineral y actualmente porque producen el 30% del fierro que se utiliza en México para autos y electrodomésticos.
“Es una venganza por ayudar a reclamar a los nahuas lo que les corresponde”, revira Veyna.
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“Revienta la cabeza del enemigo y vencerás”, dice. De otro modo no se explica por qué liberaron a 33 indígenas y sólo dejaron preso al abogado pasante de la Universidad Autónoma de Guadalajara por quién la organización pide la intervención del gobierno federal.
Hace años que el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda) documenta casos de diversos tipos de agresiones en contra de defensores de los derechos de la tierra y el medio ambiente. Las 82 víctimas incluye intimidaciones, amenazas, asesinatos y encarcelamientos.
El procurador de Colima, Marcos Santana, quien dirigió personalmente el desalojo, tiene una explicación técnica. “Cuando una persona comete un delito tiene que atenerse a las consecuencias”, dijo sobre el caso a la prensa. “Causó daño a las patrullas y al equipo táctico policial” y el delito por el que se le acusa es privación ilegal de la libertad, robo calificado y despojo.
Indígenas presos por estados
Chiapas 1247
Oaxaca 1032
Puebla 1028
Veracruz 727
Guerrero 560
Distrito Federal 485
Hidalgo 329
San Luis Potosí 326
Nayarit 276
Yucatán 262
Fuente: CNDH
