10 CLAVES: Un año de dolor y fracasos del Gobierno en el caso Ayotzinapa

Se cumple un año de la desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa, un caso que sigue bajo investigación, sin avances y genera cada vez más dudas

El reclamo de justicia tras el crimen de Ayotzinapa no cesa.
El reclamo de justicia tras el crimen de Ayotzinapa no cesa.
Foto: Miguel Tovar/LatinContent / Getty

CIUDAD DE MÉXICO.– Este sábado se cumple un año de la muerte de tres estudiantes y la desaparición de 43 de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, en Guerrero. El caso continúa bajo investigación en medio de un ambiente enrarecido por pruebas de expertos internacionales de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que descubrieron fallas y deficiencias en la actuación del Gobierno federal.

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La madrugada del viernes 26 de septiembre se convirtió en un parteaguas en el sexenio del Presidente Enrique Peña Nieto. La tragedia ocurrida en el municipio de Iguala donde normalistas e integrantes del equipo de futbol local “Los Avispones”, fueron atacados a tiros por policías, dejó al descubierto para el mundo entero lo que ya se sabía en la prensa local: la complicidad de las autoridades mexicanas con el crimen organizado.

Ese día, los jóvenes habían ido a Iguala a recabar fondos para financiar la marcha del 2 de octubre, en el 46 aniversario de la masacre de estudiantes de Tlatelolco, México. En al menos cuatro eventos violentos, en Iguala, perdieron la vida seis personas, entre ellas tres estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos, 25 más resultaron heridas, y 43 sin conocerse su paradero.

Debido a lo grave del caso, el 4 de octubre la Procuraduría General de la República (PGR) determinó que existían suficientes elementos para asumir la investigación. Ese mismo mes se dio por primera vez un móvil: la policía actuó por órdenes del Alcalde de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, socio del cártel Guerreros Unidos, para impedir que los estudiantes llegaran a un acto de su esposa, María de los Ángeles Pineda Villa.

El 4 de noviembre del año pasado, José Luis Abarca y su esposa fueron detenidos en una casa rentada en la Delegación Iztapalapa, en la Ciudad de México.

Tres días después, Jesús Murillo Karam, entonces titular de la PGR, afirmó en conferencia de prensa que los detenidos, miembros del cártel Guerreros Unidos, confesaron haber asesinado y quemado a la mayoría de los 43 estudiantes secuestrados. Al término de la conferencia de prensa el Procurador expresó la frase: “Muchas gracias, ya me cansé”, la cual mereció fuerte protesta social.

A pesar de que el Procurador insistió en que la evidencia indicaba que los normalistas estaban muertos, anunció que hasta que no concluyeran los trabajos de identificación –que podrían ser en un laboratorio de Austria– estaban desaparecidos.

Los dichos de Murillo Karam fueron refutados por científicos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), quienes el 11 de diciembre del año pasado, desmintieron la hipótesis de la PGR, de que los 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa fueron quemados en el basurero de Cocula, Guerrero.

El 27 de enero, la PGR concluyó que “sin lugar a dudas” los normalistas fueron incinerados en el basurero de Cocula. Jesús Murillo Karam planteó una vez más, lo que denominó como “la verdad histórica” sobre los 43 estudiantes de Ayotzinapa.

El 2 de marzo, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) designado por la CIDH se reúne con los padres de los 43 normalistas para evaluar las acciones en el caso de los jóvenes desaparecidos.

Luego de seis meses de investigación, el informe del GIEI aportó al menos dos nuevas líneas de investigación que echaron a la basura “la verdad histórica” oficial sobre la desaparición de 43 normalistas desaparecidos. Una, hay un camión desaparecido que podría ser clave para conocer el destino de los jóvenes; dos, no existe evidencia de que fueron quemados en un basurero del municipio de Cocula.

También reveló que en todo momento, elementos de la Policía Federal, el Ejército y corporaciones municipales tuvieron conocimiento de la ruta que siguieron los cinco camiones tomados por los normalistas.

El 16 de septiembre, la PGR anunció la identificación de los restos de un segundo estudiante, Jhosivani Guerrero de la Cruz. Los padres rechazan el anuncio. Los peritos argentinos dicen que los resultados son “no definitorios”.

El pasado 24 de septiembre, los padres de los normalistas se reunieron con Peña Nieto. Es la segunda reunión desde que se inició el caso. El Presidente volvió a prometer a los familiares de los estudiantes que no los dejaría solos y que no se daría carpetazo al caso.

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