La controversial ley de inmigración que cumple 50 años

El “Acta de Inmigración y Nacionalidad de 1965” desencadenó la actual crisis migratoria en Estados Unidos

La controversial ley de inmigración que cumple 50 años
Cientos de inmigrantes juramentaron antela bandera de EEUU a través de todo el país como parte del Día Nacional de la Ciduadanía.
Foto: El Diario

WASHINGTON – Cuando el presidente Lyndon B. Johnson promulgó hace 50 años la “Ley de Inmigración y Nacionalidad de 1965”, jamás se imaginó que ésta, además de cambiar el rostro del país,  también desencadenaría la crisis migratoria que hoy mantiene divididos a demócratas y republicanos y no tiene visos de solución.

Descartando que fuese una ley “revolucionaria”, John firmó la ley el 3 de octubre de 1965, aprobada en el marco de la lucha por los derechos civiles en EEUU, y con motivo de su 50 aniversario, expertos de todo el espectro político analizaron esta semana lo bueno, lo malo y lo feo de la legislación, y su impacto en la vida nacional.

Para marcar la fecha, la Casa Blanca ha programado para el próximo lunes una ceremonia de naturalización a puerta cerrada para 15 nuevos ciudadanos, procedentes de Centro y Sudamérica, Europa, Asia y Africa.

Consecuencias accidentales

La ley conocida también como el “Acta Hart-Celler” es responsable de que los extranjeros totalicen ahora 45 millones, o 14% de la población, que las minorías étnicas y raciales conformen un tercio de la población, y que los blancos vean reducidos sus números e influencia.

Antes de 1965, la población era 84% blanca, 11% negra, 4% hispana y 1% asiática. Ahora los  hispanos son el 18% de la población, los asiáticos el 6%, y la cuota de blancos, de ascendencia europea, ha bajado al 62%.

Si no existiese la ley de 1965, los blancos hoy serían el 75% de la población, los negros el 14%, los hispanos, el 8%, y los asiáticos menos del uno por ciento.

Con la ley, el 51% de los extranjeros que han llegado a EEUU en los últimos 50 años provienen de América Latina, y una cuarta parte de Asia, según un informe del Centro de Investigación Pew.

Desorden de ahora

La ley, claro está, eliminó un sistema discriminatorio de cuotas nacionales y en su lugar puso otro que privilegió la reunificación familiar e impuso límites arbitrarios de 20,000 visas anuales a todos los países, incluso a los que antes no tenían esas restricciones.

Ahora, la ley ha desatado críticas de grupos progresistas, que exigen una reforma migratoria integral, y grupos conservadores, que piden frenar la inmigración ilegal e incluso restringir las visas legales.

La medida “abolió la discriminación explícita en las leyes de inmigración… pero sentó las bases para la eventual inmigración ilegal de los últimos 50 años”, explicó Hiroshi Motomura, profesor de leyes de la Universidad de California en Los Angeles (UCLA), durante un foro del Instituto de Política Migratoria (MPI, en inglés).

Por su parte, durante un foro del conservador Instituto Cato, Erika Lee, directora del Centro de Investigación sobre la Historia de Inmigración, señaló que ley de 1965 causó una mayor apertura de EEUU a extranjeros no blancos y facilitó su integración social, pero dio pie al mundo clandestino actual de once millones de indocumentados.

Si antes la inmigración de México y América Latina no tenía restricciones, la ley Hart-Celler les impuso severos límites como concesión a los detractores de la medida. Solo que, sumado a la eliminación del programa “bracero” en 1964, los límites anuales empezaron a alentar la inmigración ilegal, porque las empresas seguían dependiendo de la mano de obra inmigrante.

Dan Stein, presidente de la conservadora Federación para una Reforma Migratoria Estadounidense (FAIR, en inglés), se quejó de que los autores de la ley no sólo se equivocaron respecto al volumen y composición de los grupos inmigrantes sino que suscitaron un incesante flujo de “millones de inmigrantes sin importar su nivel educativo y destrezas laborales”.

“Pese a sus nobles intenciones, la ley ha creado una situación inmanejable que necesita una reforma desde la raíz”, que imponga un “límite gobernable” en la inmigración anual y responda a los “intereses nacionales” de EEUU, argumentó Stein.

A través de los años, la ley de 1965 ha tenido varios ajustes en los límites de visas, primero en 1976 y luego con una ley de 1990 que creó categorías distintas para visas vinculadas con el empleo y visas por vínculos familiares.

Para Ali Noorani, director ejecutivo del Foro Nacional de Inmigración, la ley de 1965 puede servir de base para un nuevo diálogo migratorio constructivo que reconozca que los inmigrantes son cada vez más importantes para el crecimiento económico de EEUU, por lo que el país debe “abrazar sus contribuciones”.

A la caza de votos, con doctrinas radicales

El problema de la inmigración ilegal se ha colado en la contienda presidencial de 2016: en general, los precandidatos demócratas proponen medidas de legalización para ganar el voto hispano, mientras buena parte de los republicanos receta mano dura contra los indocumentados.

De todas las propuestas republicanas, la más radical es la del magnate empresarial, Donald Trump, quien apoya eliminar la ciudadanía automática para hijos nacidos en EEUU de padres indocumentados, y promete la deportación masiva de los once millones de indocumentados en un plazo de 18 a 24 meses.

Pero su propuesta tiene un costo prohibitivo y sin garantías de “cerrar el grifo” a la inmigración ilegal.

El Centro para el Progreso Estadounidense (CAP) calcula que la aplicación de la propuesta costaría al menos $200,000 millones en cinco años, mientras que el conservador “American Action Forum” pone la cifra en hasta $600,000 millones en una década, además de que reduciría el crecimiento económico en EEUU por $1,6 billones.

En un país que se precia de respetar los derechos civiles, además sería inviable porque convertiría a EEUU en un “estado policial”, y dificultaría aún más la conquista del voto hispano, afirmó hoy su rival republicano y exgobernador de Virginia, Jim Gilmore, durante el foro del Instituto Cato.

Así, el Partido Republicano mantiene pugnas internas entre el sector “nativista” o “nacionalista” y el empresariado, respecto a qué hacer con los indocumentados, mientras la reforma migratoria sigue siendo una asignatura pendiente en el Congreso.