Inmigración: Suavizan “ley del castigo” para indocumentados

WASHINGTON, D.C. – El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha propuesto cambios para ampliar las exenciones sobre “dificultad extrema” a indocumentados que tramitan su legalización a través de familiares ciudadanos o residentes permanentes inmediatos, sin ser penalizados bajo la llamada “ley del castigo”.

La agencia federal propuso los cambios este miércoles y aceptará comentarios del público hasta el próximo 23 de noviembre. Se prevé que posteriomente el reglamento final se publique en el diario oficial del gobierno (“Federal Register”) y entre en vigor a principios de 2016, o a más tardar durante la primavera.

Cambios no dan estatus legal

En declaraciones a este diario, una portavoz de la Oficina de Servicios de Inmigración y Ciudadanía (USCIS, en inglés), Joanne M. Ferreira, explicó este jueves que la guía con los cambios “sirve simplemente para clarificar con más detalle lo que es ´dificultad extrema´, y quiénes califican para solicitar una exención”.

Los cambios, contenidos en un documento de 28 páginas, forman parte de las acciones ejecutivas anunciadas por el presidente Barack Obama en noviembre de 2014 y no requieren la aprobación del Congreso.

Según DHS, los cambios no ofrecen en absoluto ningún estatus legal a los indocumentados, sino que son parte de un ajuste del proceso regulatorio para los indocumentados que son cónyuges, padres o hermanos de ciudadanos estadounidenses y tramitan su residencia permanente.

Protección de sanciones bajo “ley del castigo”

Así, la guía aclara quiénes y en qué condiciones pueden solicitar una “exención” –conocida en inglés como “waiver”– sin sufrir las consecuencias de la “ley del castigo” de 1996, que prohíbe el reingreso a EEUU de indocumentados por períodos de tres y diez años, dependiendo del tiempo que estuvieron viviendo ilegalmente en este país.

El secretario de Seguridad Nacional, Jeh Johnson, explicó durante un discurso ayer ante el Instituto del Caucus Hispano (CHCI, en inglés)  que la guía fortalecerá los esfuerzos del gobierno por mejorar el sistema de inmigración.

“Dificultad extrema”

El nuevo reglamento beneficiaría a todos los indocumentados que califican para la “tarjeta verde” o residencia permanente y para la exención por su estadía ilegal en EEUU.

Para solicitar una exención o un permiso conocido como “waiver 601”, los indocumentados tienen que demostrar que la separación de su familia causaría una “dificultad extrema”.

Más allá de las consecuencias de una separación familiar, el DHS tomaría en cuenta factores como el impacto en la salud, las finanzas, educación, y vínculos comunitarios en EEUU, además del “miedo a la persecución” del solicitante, y las condiciones de inestabildad social o política en sus países de origen.

También evaluaría el impacto de la separación si el indocumentado tiene hijos nacidos en EEUU, o tiene a su cargo el cuidado de familiares ancianos o discapacitados.

Cada solicitud será analizada “caso por caso”, y el solicitante del “waiver 601” debe presentar una serie de documentos que demuestren sus vínculos familiares y condiciones particulares de “dificultad extrema”.

USCIS aceptaría diversos tipos de “prueba” de esa dificultad extrema, incluyendo testimonios personales; opiniones de expertos; documentos médicos, escolares, y bancarios; actas de nacimiento o de adopción, licencias matrimoniales, y documentos sobre manutención de hijos; fotografías; prueba de empleo; documentos de pertenencia a organizaciones comunitarias y culturales, o servicio voluntario; artículos de prensa, e informes de organismos públicos y privados sobre la situación en sus países de origen.

Críticas de siempre

Los cambios propuestos suscitaron críticas de grupos que piden mano dura contra los indocumentados y restricciones incluso en las visas legales, por considerar que el gobierno estaría premiando a los indocumentados con una estadía inmerecida en EEUU.

En ese sentido, Jessica Vaughan, directora de estudios políticos del conservador Centro de Estudios de Inmigración (CIS, en inglés), calificó la guía como “una distorsión surrealista del lenguaje e intención de las leyes” de inmigración.

“Es un flagrante esfuerzo de lavar el estatus de decenas de miles de personas que simplemente no son elegibles para entrar (a EEUU) como inmigrantes, ya sea porque tienen antecedentes criminales u otros problemas en sus solicitudes, o porque vivieron acá ilegalmente y están sujetos a sanciones por ello”, se quejó Vaughan.

Sin embargo,  el abogado de inmigración José Pertierra dijo a este diario que el DHS sólo quiere aclarar los lineamientos establecidos sobre el “perdón” por “dificultad extrema”, de manera que las autoridades puedan “aplicarlos con uniformidad en todo el país”.