Líderes religiosos piden al Congreso rechazar medida contra “ciudades santuario”

Washington.- Más de mil líderes religiosos de todo el país instaron hoy al Congreso a que rechace una medida que busca eliminar los fondos federales para las llamadas “ciudades santuario” y que, a su juicio, sólo perjudicará la colaboración entre la policía y los inmigrantes.

En una carta enviada al Congreso, los religiosos expresaron su rechazo de una medida republicana que someterá a voto el Senado mañana martes que, entre otros elementos, elimina los fondos federales a “ciudades santuario” que limiten sus colaboración con los agentes de Inmigración y Aduanas (ICE).

De ser aprobada en ambas cámaras del Congreso, la medida S.2146 además impone una sentencia mínima de cinco años en prisión a personas que hayan sido indocumentadas y que intenten reingresar ilegalmente a Estados Unidos.

“La comunidad de fe tiene una responsabilidad de defender a individuos que han sido marginados por la sociedad, mientras luchamos juntos por el bien común”, dijeron los líderes religiosos, al criticar la nueva ola de discriminación contra los inmigrantes en el país.

El presidente del grupo “Church World Service”, Al sumarse a más de una decena de grupos cívicos y policiales opuestos a la medida republicana, el reverendo John L. McCullough explicó que el proyecto de ley obligará a la policía local a hacer las veces de agentes de inmigración federales, a cambio de recibir fondos público para importantes programas de seguridad en las comunidades.

Pero eso es contraproducente porque “cuando las víctimas y testigos de crímenes no acuden en busca de ayuda de la policía por temor a la deportación, todos sufrimos las consecuencias”, advirtió McCullough.

Sin embargo,  el senador republicano por Louisiana, David Vitter, ha dicho que, al dar “refugio” a inmigrantes  indocumentados, las ciudades están incumpliendo las leyes de inmigración del país.

“Mi proyecto de ley enviará un mensaje claro a todas las ciudades santuario de que ya no seguiremos premiando sus peligrosas políticas”, ha dicho Vitter.

Los religiosos también urgieron a los legisladores a que no permitan la “politización” de la muerte de la joven Kathryn Steinle a manos del inmigrante indocumentado, Francisco Sánchez, en San Francisco (California) el pasado 1 de julio.

Su muerte abonó los esfuerzos de legisladores republicanos y grupos anti-inmigrantes que exigen que las autoridades locales cooperen con los agentes federales en su lucha contra los indocumentados.

Los padres de Steinle presentaron el mes pasado una demanda contra el alguacil de San Francisco, Ross Mirkarimi, la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE), y la Oficina de Gestión de Terrenos (BLM), a los que responsabilizó por la muerte de la joven.

Grupos pro-inmigrantes en todo el país, e importantes editoriales de diarios como el New York Times, han criticado la medida de Vitter al señalar que ésta se apoya en el mito – también propagado por algunos precandidatos presidenciales republicanos– de que los inmigrantes indocumentados son sinónimo de criminalidad.