Por las Ciudades Santuario

Por las Ciudades Santuario
Los inmigrantes defienden las "ciudades santuario".
Foto: (Archivo / El Diario)

En su sesión de hoy, el Senado votará una medida republicana (S.2146) contra las ciudades santuario –aquellos municipios que han decidido dar protección a familias indocumentadas prohibiendo que sus policías los entreguen a las autoridades migratorias– similar a otra ya aprobada por la Cámara Baja meses atrás.
Los proponentes de la medida la justifican basados en actos criminales cometidos por algunos indocumentados, específicamente por uno que asesinó a la joven Kate Steinle en San Francisco.
Son ciudades santuario Nueva York y Los Ángeles (ésta por la Orden Especial 40) y un total de 300 municipios en todo Estados Unidos.
De ser convertida en ley la propuesta negará fondos federales a ciudades que den cobijo a quienes están aquí ilegalmente, privando en efecto de financiación a las policías locales, al revés de lo que debería hacer.
Es que su verdadero propósito es hacer a todos los inmigrantes sospechosos de ser criminales (pese a que la estadía ilegal en el país es una ofensa administrativa) , e inmerecedores de una reforma migratoria.
Y pese a que nadie se opone a perseguir y castigar a criminales independientemente de su estado migratorio, ellos acusan a quienes se oponen a la medida de estar más interesados en proteger a criminales “que en resguardar la seguridad de ciudadanos que obedecen las leyes”.
Se trata entonces de una medida demagógica que sigue la línea de personajes como Donald Trump, quien quiere deportar a todos los “illegals” así como a sus hijos aunque sean ciudadanos estadounidenses, y quien afirma que él, por su línea dura contra la inmigración indocumentada, hubiera prevenido los ataques del 9/11.
Se trata de una propuesta peligrosa que lejos de avanzar hacia solución la hace más confusa e irracional e ignora la realidad de millones de indocumentados trabajadores y honestos. Pretende dictar a las policías locales cómo garantizar la seguridad pública de su jurisdicción. Ignora el efecto de estas leyes sobre los indocumentados, que al temer ser deportada dejará de confiar y colaborar con las fuerzas del orden.
Obviamente, la coordinación entre las autoridades migratorias y las fuerzas de la ley en todos los niveles es necesaria. Los criminales de cualquier tipo deben ser castigados. Pero nadie debe aprovechar esta verdad para criminalizar y castigar a toda una comunidad que respeta la ley y busca integrarse a nuestra sociedad de una manera productiva.