En juego salud de los presos en NY

Doctores reclaman más transparencia en la gestión del servicio médico en las cárceles de la ciudad

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En juego salud de los presos en NY
El exrecluso José Lugo se quejó de la mala atención médica en la prisión de Fishkill Correctional Facility.
Foto: Mariela Lombard / El Diario.

En las cárceles de la ciudad de Nueva York se encierra una realidad conocida por pocos, la de presos que no reciben una adecuada atención médica. Tras numerosas denuncias de negligencia médica y muertes de reos por la supuesta inacción de los guardias del Departamento de Corrección (DOC), la administración del alcalde Bill de Blasio ordenó en el otoño del 2014 una extensa revisión por un equipo interinstitucional .

Como resultado, y en el marco de la reforma del sistema penitenciario ordenada por el Alcalde, se estableció que a partir del próximo año la Corporación de Salud y Hospitales (HHC) se convertirá en el proveedor de cuidado médico en las cárceles de la ciudad. Al devolver la gestión de los servicios sanitarios a la HCC, se cancelarán los contratos con Corizon y Damian Family Care Centers después de su expiración el 31 de diciembre de 2015 y en agosto de 2016, respectivamente.

Esta decisión convertiría a esa agencia en la única responsable de proveer cuidado médico a las aproximadamente 70,000 personas que se desplazan cada año a través del sistema correccional, algo que ya está generando polémica.

Desde enero la HHC será el proveedor de cuidado médico en las cárceles de la ciudad. Foto: Archivo

El Consejo de Médicos (Doctors Council), afiliado al sindicato SEIU, expresó a El Diario su preocupación por la “poca transparencia” en cuanto a los planes de la Ciudad.

El grupo, integrado por miles de médicos del área metropolitana, que incluye a profesionales de la HHC, del Departamento de Salud de la Ciudad (DOHMH) y personal de las cárceles de Rikers Island y Vernon C. Baines Maritime Facility, dijo que también ha dialogado con la HHC acerca de los problemas de acceso al idioma para los presos, “especialmente en relación con la ingesta médica. Aspecto que al parece se pasa por alto en el sistema de salud penitenciario”.

Pero DOHMH y la HHC argumentaron que “para los reclusos latinos que no hablan inglés, los Servicios Penitenciarios de Salud actualmente ofrecen servicios de traducción por medio del personal o por teléfono, en los que un intérprete facilita la comunicación entre el profesional de la salud y el paciente”.

Las agencias de la Ciudad aseguraron que han comenzando a trabajar con su Oficina de Servicios Culturales y Lingüísticos para continuar erradicando las barreras del idioma para los pacientes. Sin embargo, los servicios de traducción y de interpretación no es lo único que inquieta a los profesionales de la salud.

“Estamos profundamente preocupados por la falta de progreso en la transición de la HHC (…) No tenemos respuestas claras”, dijo la semana pasada el doctor Frank Proscia, presidente del Consejo de Médicos, en la última audiencia de la Junta de Corrección (Board of Corrections).

Proscia puso en relieve la falta de personal y las jornadas extenuantes que violarían las políticas sindicales y laborales. En 2014, el tiempo extra obligatorio superó las 3,000 horas en la cárcel de Rikers, según estadísticas recientes del Consejo de Médicos. Para el mismo año, un sólo psiquiatra trabajó 300 horas extra, lo que equivale a 37 turnos. En 2015 las condiciones de trabajo no fueron mejor.

“Este año, un médico recibió nueve veces el mandato de trabajar las 24 horas o más”, dijo Proscia. “Esta es una situación absolutamente insostenible. No es seguro para el personal, ni para los reclusos”.

El Consejo advirtió que no renovar el contrato con Corizon y Damian es sólo el inicio.“Sabemos que el subcontratista para los servicios dentales, Correctional Dental Associates, también está plagado de problemas de seguridad similares a los de Corizon”, aseguró Proscia.

Muerte en Rikers

Uno de los casos más polémicos de muerte en las celdas de las cárceles de Nueva York fue la del adolescente dominicano Andy Henríquez (19), quien murió en abril de 2013 en Rikers por un desgarre en la arteria aorta, que suministra sangre al cuerpo.

Una demanda presentada por Sandra de la Cruz, madre de Henríquez, reclama que el chico se quejó de dolores en el pecho por varios días y suplicó por ayuda mientras que sus compañeros reclusos gritaban y pateaban sus puertas para llamar la atención de los guardias, quienes no respondieron.

El adolescente dominicanos Andy Henriquez, quien murió de un desagarre de la artería aorta pese a suplicar por ayuda.
El adolescente dominicano Andy Henriquez, quien murió de un desagarre de la artería aorta pese a suplicar por ayuda.

La demanda contra Corizon y oficiales del DOC, sostiene que un médico le prescribió a Henríquez una crema para las manos, pero en la receta escribió el nombre equivocado del medicamento. Horas después, el adolecente  fue encontrado muerto en el piso de su celda.

“El caso de Andy demuestra que las cárceles de la ciudad están asegurando un doble castigo para los reclusos: el confinamiento cuando no pueden pagar sus fianzas y el pésimo cuidado médico que los lleva a la muerte”, dijo Travis Morales, activista del grupo Stop Mass Incarceration Network. El caso de Henríquez se suma a más de dos docenas de reclamos legales por negligencia médica contra Corizon, sometidos en las cortes desde 2012.

La Ciudad asegura que habrá mejoras

El Departamento de Salud y la HHC destacaron que ahora, con su gestión directa de los servicios de salud en lugar de proveedores externos, “el objetivo es mejorar la calidad y la continuidad de la atención médica para todos los pacientes encarcelados”.

Mientras los médicos están pidiendo mayor transparencia y apertura de la HHC en cuanto a sus planes de transición, capacitación del personal médico y penitenciario y la contratación de más profesionales de la salud, la Ciudad dijo en un comunicado de prensa -divulgado en julio- que todos los empleados actuales de Corizon y Damián (aproximadamente 1,200 personas) estarían sujetos a controles exhaustivos de antecedentes, revisión de credenciales y evaluaciones de desempeño.

“La transferencia de una agencia a otra incluye el presupuesto existente para todos los servicios de salud penitenciarios, y la Ciudad no prevé ninguna reducción de fondos, ni de personal”, indicó el comunicado.

El presupuesto del DOHMH para los servicios de salud penitenciarios es de aproximadamente $225 millones, que incluye el contrato de Corizon de unos $154 millones y el contrato Damian de cerca de $8 millones. “Los costos adicionales para los servicios de salud penitenciarios se determinarán después de la transferencia”.

Infierno en Fishkill

El mal servicio médico y la inacción de los guardias penitenciarios en las cárceles de la ciudad podría repetirse en las prisiones estatales. El hispano José Lugo (40) contó el infierno que vivió en Fishkill Correctional Facility, un penal de mediana seguridad a 60 millas de la ciudad. El ex recluso se sometió a una cirugía de meniscos en abril, a un mes de quedar libre luego de purgar una pena de 23 años.

“Estuve con el vendaje sucio y empapado de sangre rezagada por tres días”, dijo desde la sala de su apartamento en El Bronx. “Los guardias no hicieron nada por ayudarme. Tuve que asearme solo y volver a ponerme la venda sucia, aunque pedí que me la cambiaran”.

Mostrando la cicatriz en su rodilla, Lugo comentó que la falta de supervisión poscirugía le ocasionó una infección severa.

“Mi pierna estaba inflamada y se veía morada y negra. Fue traumatizante verme en esa condición”, expresó. “A veces quería gritar del dolor, pero en Fishkill no hay lugar para los débiles. No quería quejarme y hacer que los guardias se vengaran retrasando mi salida”.

Lugo dijo que la prescripción médica requería antibióticos y medicación para el dolor cada cuatro horas, pero las enfermeras proveían los medicamentos una o dos veces al día.

El hispano José Lugo reclama que pasó tres días con un vendaje sucio luego de un cirugía en la rodilla.
El hispano José Lugo reclama que pasó tres días con un vendaje sucio luego de un cirugía en la rodilla.

“Sigo teniendo derechos aunque cometí un error que dañó a mi familia y a mi comunidad”, expresó Lugo. “Pagué mi culpa con el confinamiento. Mi condena no implicaba que me negaran atención médica”.

Una pesadilla similar viviría en Fishkill el dominicano Eliezer Rodríguez (38), un sobreviviente de cáncer.

“Los oficiales no quieren escuchar lamentos. Nos observan como a animales tras las rejas”, dijo el padre de un niño. “En prisión más vale no pelear por tus derechos si no quieres ser castigado”.

Rodríguez contó que en 2004 fue a la clínica para un examen físico debido a un abultamiento anormal en la pantorrilla. Luego de un escaneo con rayos X, los médicos descartaron una enfermedad grave y lo llevaron a un hospital en Mount Vernon para una cirugía menor, pero una biopsia reveló un mes después que era cáncer. El ex recluso fue sometido a quimioterapia por meses.

“La sopa era lo único que podía mantener en el estómago, pero a nadie le importó cambiarme la dieta”, dijo. “No podía alimentarme, pensé que moriría”.

El cáncer volvió pese a la reconstrucción de la zona afectada con músculo y hueso sano. A Rodríguez se le amputó la pierna en el Hospital Presbiteriano al salir de prisión, en 2006.

“Tal vez habría salvado mi pierna de haber tenido buen cuidado médico en la cárcel”, se lamentó.

El último caso de abuso en Fishkill fue el del afroamericano Samuel Harrell, un paciente con desorden bipolar presuntamente golpeado hasta la muerte por los guardias de la prisión. El incidente ocurrió en abril.